Un nuevo allanamiento a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)-Facultad Regional La Plata reactivó con fuerza la causa federal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos vinculados al sistema de fotomultas en la Provincia de Buenos Aires.
La medida, ordenada por el juez federal Ernesto Kreplak, busca establecer el posible rol de la institución educativa en el presunto entramado de desvío de fondos entre municipios bonaerenses y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA).
Según www.grupolaprovinci.com, la pesquisa, que ya provocó la salida del exministro de Transporte Jorge D’Onofrio y generó un tembladeral político, apunta ahora a determinar si la UTN brindó informes técnicos o cobertura institucional para legitimar operaciones irregulares.
El foco está puesto en formularios de distribución de ingresos que, según fuentes judiciales, habrían sido confeccionados por la UTN, pero que derivaban en cuentas bancarias de CECAITRA, sin pasar por los controles administrativos de rigor.
De acuerdo a la causa, la maniobra consistía en utilizar el prestigio institucional de la UTN para respaldar procesos de contratación que permitieran eludir los mecanismos de control del Estado.
El juez Kreplak intenta establecer si desde la casa de estudios platense se emitieron informes o sellos que facilitaron el ingreso de fondos públicos en circuitos paralelos, sin rendición ni supervisión efectiva.
Este nuevo procedimiento se suma a otros allanamientos recientes en dependencias municipales y en la propia CECAITRA, organización que agrupa a empresas del rubro y opera al menos 155 cámaras en distritos como La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana.
Según la investigación que lleva adelante el fiscal Alvaro Garganta en paralelo, parte de esas cámaras habrían estado funcionando sin autorización desde enero de 2022.
La causa que involucra al exministro D’Onofrio, quien renunció a fines de 2024 aduciendo problemas de salud, no deja de sumar capítulos. Aunque en su carta de dimisión aseguró haber sido blanco de “denuncias infundadas”, los elementos que emergen en la Justicia lo complican.
La fiscalía investiga una red de beneficios otorgados a empresas vinculadas a CECAITRA durante su gestión, así como supuestos favores judiciales para reducir sanciones por infracciones viales.
La figura del juez Mario Quatrocchi también quedó salpicada ya que según el fiscal Garganta, el magistrado provincial tomaba casos de multas elevadas provenientes de diferentes juzgados municipales para conmutarlas por sanciones mínimas o tareas comunitarias, lo que habría generado pérdidas millonarias a los municipios. Las sentencias más cuestionadas provienen de distritos como San Martín, Chascomús, Lezama, Dolores, Moreno y La Matanza.
Pero el expediente no se detiene ahí. En paralelo, el juez federal Alvaro González Charvay analiza la denuncia del dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, quien solicitó investigar una cancha de fútbol en Belgrano al 1200, presuntamente utilizada para blanquear fondos de contratos con la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Según el denunciante, el predio deportivo pertenecería a Cristian Ojeda, directivo de Franutec SA y dueño de la financiera Token Capital, allanada en enero pasado.
Franutec, adjudicataria de las zonas 5, 9 y 16 de la VTV bonaerense (que comprenden distritos como Ezeiza, Mercedes, General Rodríguez y Lobos), habría sido beneficiada con contratos direccionados desde el Ministerio de Transporte durante la gestión de D’Onofrio.
En este contexto, el predio deportivo de Ojeda aparece como una posible vía para canalizar sobornos, donde también estaría implicada la concejal Claudia Pombo.
