En medio de una creciente disputa con los gobernadores, el gobierno encabezado por Javier Milei anunció una medida que genera preocupación entre los trabajadores estatales: la decisión de no renovar el mecanismo que permitía a los bancos financiar a organismos estatales para garantizar el pago de haberes en tiempo y forma.
La eliminación de este financiamiento podría tener consecuencias significativas, especialmente para aquellos organismos que dependen de estos recursos para cumplir con las obligaciones salariales de sus empleados. En este contexto, algunas universidades ya han adelantado que no podrán cumplir con el pago de salarios en la fecha establecida para enero.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se encuentra en alerta y convocará a un consejo directivo este martes para evaluar las medidas a tomar frente a esta situación. Entre las opciones que se barajan se encuentra la posibilidad de convocar a un paro como respuesta a lo que consideran un nuevo golpe a los salarios de los empleados estatales.
El anuncio del gobierno ha generado críticas y preocupación en diversos sectores, ya que se teme que esta decisión pueda afectar la estabilidad financiera de los trabajadores y sus familias. Además, se suma a la tensa relación entre el gobierno central y los gobernadores, quienes han expresado su descontento con diversas políticas impulsadas desde la administración nacional.
La situación se torna cada vez más compleja y la incertidumbre crece entre los trabajadores estatales que ven amenazada la regularidad en el cobro de sus salarios. Mientras tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado definirá en su consejo directivo las acciones a seguir, en un contexto en el que el llamado a un paro no se descarta como respuesta a este nuevo revés salarial.
