El juez del fuero contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico habilitó este lunes la feria judicial para tratar el planteo de la Federación Argentina de Municipios (FAM) contra el DNU de desregulación de la economía presentado por el presidente Javier Milei.
El magistrado habilitó también la feria judicial para dar trámite a la presentación realizada por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, según pudo constatar Télam a través de la búsqueda en el sistema informático del Poder Judicial de la Nación.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023 hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, según informó la propia FAM el viernes a través de un comunicado.
A la vez, solicitó que «se ordene, como medida urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23».
«Desde la FAM hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno de Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos», explicó Espinoza en el comunicado.
OTRO FRENO
En tanto, una jueza hizo lugar este lunes a una medida cautelar reclamada por la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina (FUVA) para que se suspenda la aplicación del capítulo laboral del DNU, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por la jueza Nacional del Trabajo Silvia Garzini, en relación al planteo en el que se indicaba que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) incluía «la eliminación sin ningún tipo de fundamento del Estatuto del Viajante normado en la ley 14.546», según surge de la resolución a la que accedió Télam.
La jueza citó en su resolución el fallo emitido la semana pasada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el caso iniciado por la CGT, el primero que suspendió el capítulo laboral del megadecreto del Gobierno de Milei.
En ese contexto, la jueza Garzini resolvió «hacer lugar a la medida cautelar pretendida en cuanto afecta a los trabajadores representados por la entidad gremial requirente, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presente actuaciones».
