Once internos fueron imputados y se secuestraron 13 teléfonos celulares durante un operativo en la Unidad Penal N°31. La Justicia investiga una presunta organización integrada por presos y agentes penitenciarios.
La Unidad Penal N°31 de Florencio Varela volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia luego de un operativo que terminó con 11 internos imputados y el secuestro de 13 teléfonos celulares. La investigación apunta a una presunta organización criminal que habría desarrollado distintas actividades dentro del establecimiento penitenciario.
La causa se inició a partir de denuncias realizadas por familiares de detenidos y presos alojados en el Pabellón 1, quienes alertaron sobre distintas maniobras que se desarrollarían dentro de la cárcel.
Según la investigación, la organización, conocida entre los internos como “La Comitiva”, estaría integrada por presos que realizaban tareas de limpieza y mantenimiento y habría contado con la presunta colaboración de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Extorsiones, drogas y control del internet
Entre las maniobras que investiga la Justicia aparecen presuntas extorsiones, amenazas, agresiones físicas, venta de drogas, reducción a la servidumbre y cobro de coimas, entre otras irregularidades.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es el supuesto control del servicio de internet dentro de la unidad.
De acuerdo con las denuncias incorporadas al expediente, integrantes de “La Comitiva” administrarían antenas de Starlink y cobrarían a otros internos entre $30.000 y $40.000 mensuales para acceder a la conexión.
La situación habría generado un conflicto cuando otros presos intentaron instalar un equipo propio para ofrecer internet a un precio más bajo. Según la investigación, la disputa habría derivado en agresiones y traslados de internos entre distintos pabellones.
También se investiga un supuesto control sobre la comercialización de bebidas y alimentos, además de la imposición de determinados trabajos dentro del establecimiento.
Investigan a agentes penitenciarios
La causa también busca determinar si existió participación de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Entre los sospechosos aparecen exjefes, personal jerárquico y agentes que continúan en actividad.
Los investigadores analizan además posibles irregularidades vinculadas con traslados de detenidos, falsificación de documentación y acceso indebido a oficinas y bases de datos oficiales.
Las medidas fueron ordenadas por la UFI N°9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios y actualmente subrogada por la fiscal Roxana Giménez.
Allanaron distintos sectores de la Unidad 31
El operativo fue realizado por efectivos de la DDI Quilmes y alcanzó distintos sectores del establecimiento.
Los agentes allanaron cinco celdas del Módulo A, Pabellón D, correspondientes a los sectores 10, 14, 18, 20 y 21. También inspeccionaron cuatro celdas del Módulo A, Pabellón 1, identificadas con los números 19, 22, 23 y 25.
Además, se realizó un registro en la oficina del subdirector de la unidad.
En total fueron secuestrados 13 teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relacionada con las actividades investigadas. Dos de los dispositivos fueron encontrados en la oficina del subdirector.
Los 11 internos imputados
Tras los procedimientos quedaron imputados Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramúa, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.
Ahora, la Justicia deberá avanzar con el análisis de los teléfonos y del resto de la evidencia secuestrada para establecer el alcance de la presunta estructura y determinar si existió participación de personal penitenciario.
Antecedentes por narcotráfico
La Unidad Penal N°31 ya había sido allanada anteriormente en el marco de otra investigación por presunto narcotráfico dentro del establecimiento.
En aquella causa, también a cargo de la UFI N°9, se había detectado una supuesta red de comercialización de estupefacientes que funcionaba desde el interior de la cárcel y mantenía conexiones con el exterior.
Durante esos procedimientos se secuestraron 1.342 dosis de cocaína, 98 dosis de marihuana, armas, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Con esta nueva investigación, la Justicia vuelve a poner el foco sobre el funcionamiento interno de la Unidad Penal N°31 para determinar cómo habría operado la organización y qué responsabilidad tuvieron los internos y los agentes penitenciarios que aparecen bajo investigación.
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