La reciente medida adoptada por la Secretaría de Energía de eliminar los «Precios Máximos de Referencia» para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de las garrafas de gas ha generado un fuerte debate en el ámbito político y social. Esta decisión, que busca incentivar la competencia y la inversión en el mercado de GLP (Gas Licuado de Petróleo), ha sido calificada como una «definición de un Gobierno cruel» por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
En un contexto donde el 38% de los hogares del Gran Buenos Aires (GBA) no cuentan con gas natural y dependen de la compra de las garrafas para acceder a este servicio esencial, la desregulación de los precios representa, según Kicillof, un golpe directo a los sectores más vulnerables.
«No es libertad, sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más», expresó el mandatario provincial a través de su cuenta en X.
La medida adoptada por el Gobierno nacional, defendida bajo el argumento de promover la libertad de mercado y la eficiencia económica, ha sido criticada por quienes ven en ella un riesgo para el acceso equitativo a servicios básicos.
La eliminación de los topes en los precios podría llevar a un aumento desmedido de los costos, afectando a millones de argentinos que dependen del gas envasado, especialmente en un contexto de pleno invierno, con alta inflación y recesión económica.
