La Fiscalía 7 de Florencio Varela consideró «altamente desaconsejable» la prisión domiciliaria que se otorgó a un hombre condenado a cuatro años y medio de prisión por atropellar, matar y abandonar a una mujer en Bosques en octubre de 2018, en tanto que la familia de la víctima denunció irregularidades en el otorgamiento del beneficio.
Tanto la familia como la fiscal Roxana González coincidieron en que Luis Damián Galván no integra la lista de personas en riesgo de contraer coronavirus y que el Hábeas Corpus colectivo que se presentó en el territorio bonaerense no debería beneficiarlo.
Sin embargo, la jueza desoyó la recomendación y otorgó la prisión domiciliaria del condenado sin tobillera electrónica y con un deficiente control policial, haciendo lugar a la petición del comisario de la seccional cuarta -donde se encontraba alojado- de una médica ajena al procedimiento judicial y de la defensora oficial Mariela Granado.
La fiscal Roxana González, al ser consultada por la jueza Correccional 1 Gisela Olszaniecki, consideró «paradójico» que el Luis Damián Galván, el joven condenado, «aprecia el valor de la vida y de la integridad -al reclamar el beneficio por peligro de contagio de COVID-19-, pero siempre que se trate de la suya».
González recordó que el delincuente siempre se mostró «renuente a asentir las normas, sumado a su reincidencia, y al desprecio por los bienes jurídicos -en el caso de la vida humana-«.
Galván fue condenado por atropellar, matar y abandonar en el asfalto a Nélida Cantón Debat el 10 de octubre de 2018 en Pehuajó y Larreta, una esquina tranquila de la localidad de Bosques. Dos días después fue detenido.
En el comunicado al que tuvo acceso El Sol, la fiscal González, señala que «el incidente inicia con una presentación del comisario -Sergio- Donadio, quien sorprendiendo en el rol de defensor improvisado, aporta la constancia de la médica Silvia Soruta, que asistió a Galván. Esta profesional irrumpe en el expediente erigiéndose en forense y aconsejando el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria».
Entre otras irregularidades, la médica sólo recetó un antigripal para solucionar el problema de salud de Galván y tuvo acceso de manera irregular a un certificado médico en que se informa que Galván tiene un problema pulmonar ocasionado por una puñalada que recibió en 2016, por una detención anterior.
En tanto, un examen posterior de una neumonóloga informa que la radiografía practicada a Galván dio resultado «normal, sin lesión secular». No obstante, sería el asma del condenado y no la lesión pulmonar lo que pondría al delincuente en riesgo de contraer COVID-19.
«Huelga decir que esta médica, cuya pericia desconocemos, no hace más que realizar una manifestación declarativa en la búsqueda de limitar su responsabilidad, a modo similar al que hacen los laboratorios en los prospectos de medicamentos. No conocemos a la médica, ni sus antecedentes, no declaró en el marco de una causa bajo juramento. En otras palabras, nada sabemos de la profesional que consiguió el comisario Donadio», señala la fiscal al rechazar la prisión domiciliaria.
Para la doctora González «Galván no figura en el listado de personas privadas de la libertad con acreditada patología crónica, según presentación de la señora Defensora General Departamental, a partir de la acción de hábeas corpus colectivo y preventivo».
La familia de Nélida Cantón Debat consideró que las irregularidades son evidentes y volvió a pedir que se revea el beneficio que la jueza Olszaniecki otorgó a Galván, recordando que el único control son las visitas de la misma comisaría que pidió su excarcelación, sin que se garantice la imposibilidad de una fuga.
