En mayo de este año, mediante el Decreto 312/25, el Gobierno nacional dispuso la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un programa creado durante la gestión anterior y destinado a financiar obras de integración en barrios populares. La medida dejó sin asistencia a 6.467 barrios de todo el país y afectó a más de 5,3 millones de personas, según un informe reciente de la organización Fundar.
Un país con más necesidades básicas insatisfechas
Los datos oficiales del INDEC muestran un deterioro en las condiciones de vida durante el primer semestre del año. El informe Indicadores de Condiciones de Vida revela que:
El 12,1% de los hogares presenta condiciones de saneamiento insuficiente (eran 12,6% un año atrás).
960.000 hogares no tienen acceso al agua corriente (9,4%).
3,48 millones de hogares no acceden a la red de gas (34,3%).
2,7 millones de hogares carecen de desagües cloacales (26,9%), lo que afecta a 9,1 millones de personas.
En cuanto al acceso al agua potable, el informe detalla que 867.000 hogares —casi 2,9 millones de personas— dependen de pozos con bomba, una cifra mayor a la registrada el año anterior.
Especialistas destacan que estos indicadores suelen moverse lentamente, por lo que un retroceso en tan poco tiempo refleja un impacto profundo de la reducción de la obra pública y del repliegue del Estado nacional en infraestructura básica.
El efecto de la eliminación del FISU
El Fondo de Integración Socio Urbana era uno de los principales instrumentos para mejorar el acceso a servicios básicos en asentamientos y villas. Cubría obras de agua, cloacas, electricidad segura, veredas, espacios públicos y mejoramiento habitacional, además de proyectos de regularización dominial.
Durante los primeros nueve meses del año, la administración Milei transfirió apenas 4,2 millones de dólares para programas de integración, lo que representa solo el 0,2% de la inversión anual necesaria para atender la demanda existente.
Fundar advierte que:
El 92% de los barrios populares no tiene acceso formal al agua.
Más del 98% no cuenta con red de gas.
El 97% está desconectado del sistema cloacal.
El 66% depende de conexiones eléctricas informales.
En el segundo trimestre, muchos de estos indicadores incluso empeoraron según datos del INDEC, lo que refuerza la preocupación por el desmantelamiento de políticas destinadas a reducir la informalidad urbana.
El desafío pendiente
Pese al desfinanciamiento del FISU, organizaciones especializadas remarcan que la integración socio urbana continúa siendo clave para mejorar las condiciones de vida y reconstruir los entramados comunitarios. Fundar propone avanzar en un modelo que garantice acceso a servicios esenciales y regularización de la tenencia en condiciones dignas, involucrando a las comunidades en cada proyecto.
