La autorización para que el petrolero de bandera inglesa VS Promise opere en la terminal generó un fuerte rechazo del Gobierno de Tierra del Fuego. La Provincia cuestionó la decisión y advirtió una contradicción con los argumentos de soberanía utilizados por Nación para intervenir el puerto.
La administración nacional del Puerto de Ushuaia autorizó el amarre y la operación del buque petrolero VS Promise, de bandera británica, en medio de la intervención de la terminal por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
La decisión provocó críticas del Gobierno de Tierra del Fuego, que reclamó explicaciones y cuestionó que una embarcación del Reino Unido opere en la capital provincial mientras ese país mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La polémica tomó especial relevancia debido a que la intervención del puerto fue justificada por el Gobierno nacional, entre otros argumentos, en la necesidad de proteger el interés público y garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para la Argentina por su ubicación en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida.
Tierra del Fuego cuestionó la decisión
Desde el Ejecutivo fueguino calificaron como “inadmisible” la presencia del buque británico y apuntaron contra la administración nacional del puerto.
“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, cuestionaron desde la Provincia.
Además, reclamaron que Nación informe bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación y pidieron el cese de la intervención y la restitución de la administración portuaria a Tierra del Fuego.
El Gobierno provincial también recordó la Ley 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que establece restricciones para la permanencia, amarre, abastecimiento u operaciones logísticas de buques de bandera británica vinculados con actividades de exploración o explotación de recursos naturales relacionados con Malvinas.
Críticas de los trabajadores del Puerto de Ushuaia
La decisión también generó cuestionamientos entre trabajadores de la terminal. Gastón Castillo, director administrativo contable del Puerto de Ushuaia, sostuvo que los interventores nacionales no cumplieron con la normativa provincial y reclamó explicaciones públicas.
Según señaló en declaraciones a medios locales, la intervención “opera sin transparencia” y aseguró que los trabajadores no recibieron información sobre la autorización del buque.
Castillo también advirtió sobre la situación de los 82 trabajadores que fueron reasignados luego de la intervención y señaló que una extensión de la medida podría afectar los ingresos del puerto y, eventualmente, el pago de salarios.
La intervención comenzó el 21 de enero y había sido establecida inicialmente por un período de 12 meses, aunque desde el sector cuestionan que las decisiones adoptadas por Nación puedan extender ese plazo.
El antecedente del buque HMS Medway
La controversia se produce pocas semanas después de otro episodio relacionado con una embarcación británica.
En julio, el HMS Medway, patrullero de la Royal Navy destinado en las Islas Malvinas, navegó desde el archipiélago hacia Chile atravesando aguas argentinas. En aquella oportunidad, el Gobierno nacional presentó una protesta diplomática contra el Reino Unido.
Ahora, la autorización del VS Promise vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la discusión y genera cuestionamientos sobre la política del Gobierno nacional respecto de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
Desde Tierra del Fuego anticiparon que continuarán con las acciones judiciales contra la intervención del puerto y advirtieron que no permanecerán indiferentes ante decisiones que, según sostienen, afectan las competencias provinciales y los intereses estratégicos del país.
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