La Unidad Fiscal Federal de La Plata le solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 platense la realización de una nueva audiencia preliminar de forma remota para reorganizar el juicio suspendido en las causas unificadas por los crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield.
En la presentación, la Fiscalía sugirió la implementación de medidas alternativas, con entornos virtuales, para la celebración del debate en el marco de las medidas de distanciamiento social dispuestas para enfrentar la pandemia de coronavirus y le requirió al Tribunal que solicite a los organismos de asistencia a víctimas y testigos (en su mayoría dependen de gobiernos municipales, provinciales y de la Nación) que informen si están trabajando sobre un plan de contingencia para readecuar sus actividades en este contexto.
El pedido, firmado por el fiscal general Hernán Schapiro, la fiscal federal Cecilia Incardona y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, fue formulado luego de que el Tribunal Oral resolvió suspender la audiencia de inicio de este juicio, prevista para el 5 de mayo.
La Unidad Fiscal delimitó el problema en el diseño de un esquema de funcionamiento y propuso utilizar la plataforma Cisco Web, que «reúne las garantías de ciberseguridad necesarias para reproducir y albergar las copias de los datos en ella producidos» y que ha sido utilizada en diferentes juridicciones. El escrito también menciona las plataformas Zoom y Google Meet.
429 VíCTIMAS IDENTIFICADAS Y 19 ACUSADOS
El juicio por los pozos de Quilmes y de Banfield unifica una serie de causas, la primera elevada a juicio hace ocho años. Se trata de dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura. La investigación llega a juicio oral con 429 víctimas identificadas y 19 acusados.
