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Prefectura Naval intimó a los trabajadores a levantar el paro que afecta a más de 100 barcos

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La Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden de manera inmediata sus tareas en los puertos del país, en medio del conflicto que mantiene paralizado el tránsito de embarcaciones en las principales vías navegables.

La medida de fuerza, llevada adelante por los especialistas encargados de maniobrar buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, afecta a más de 100 embarcaciones y genera demoras en el transporte de granos, insumos energéticos y distintas mercaderías destinadas al comercio exterior.

Ante el impacto económico que provoca la interrupción de actividades, la Prefectura notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio de manera urgente.

Advierten con sanciones y denuncias penales

Desde la fuerza de seguridad señalaron que, en caso de persistir la medida de fuerza, se iniciarán sumarios administrativos y se presentarán denuncias penales por presunto entorpecimiento del transporte por agua y por acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la navegación.

Según indicaron, las conductas contempladas en el Código Penal para este tipo de situaciones prevén penas que pueden llegar hasta los ocho años de prisión.

El origen del conflicto

La protesta surgió tras la implementación de cambios en el régimen de practicaje y pilotaje impulsados por el Gobierno nacional.

Entre las modificaciones se encuentra la eliminación de la segmentación por tramos geográficos, un esquema que obligaba a realizar relevos de prácticos durante un mismo recorrido. Además, se flexibilizaron los traslados del personal y se ampliaron las exenciones de contratación para determinados buques.

Frente a este nuevo marco regulatorio, las entidades que representan al sector resolvieron suspender las tareas en embarcaciones nacionales e internacionales por tiempo indeterminado, hasta que el Ejecutivo suspenda o deje sin efecto el decreto cuestionado.

Mientras tanto, el conflicto continúa afectando la operatoria portuaria y el normal funcionamiento de una de las principales rutas comerciales del país.

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