Echegaray quedó embargado por diez millones de pesos y, para el magistrado, el entonces funcionario actuó para obtener «un beneficio propio o de un tercero» para lo cual habría «dejado de lado el interés estatal».
La investigación se relacionó con la firma de una resolución que habría permitido importar con un arancel especial los decodificadores durante un lapso de 15 días, porque luego tuvo que ser derogada por advertencias hechas desde la Secretaría de Industria de Tierra del Fuego.
Sin embargo, durante ese lapso hubo «veinte operaciones de ingreso de mercadería al país por un valor de 1.086.355,36 dólares» por parte de las empresas.
La resolución fue firmada pese a que se contaba con opiniones adversas por parte de las áreas técnicas de AFIP que intervinieron en el tema y, de hecho, hubo una pérdida del expediente de ese trámite que para el juez fue un agravante
Por este hecho, Casanello procesó además a la ex directora general de la Dirección de Aduanas María Ayerán y al ex subdirector técnico legal Pedro Roveda.