Un proyecto reciente impulsado en el Congreso por el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Toniolli (junto a otros referentes del espacio), busca establecer un marco regulatorio integral para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Argentina, tomando como referencia el modelo de la Unión Europea.
La iniciativa apunta a ordenar un terreno en rápida expansión, con foco en la protección de derechos, la transparencia y la supervisión estatal.
Clasificación por niveles de riesgo
Uno de los pilares centrales del proyecto es la clasificación de los sistemas de IA según su nivel de riesgo:
- Riesgo inaceptable: sistemas prohibidos, como aquellos que vulneran derechos fundamentales (por ejemplo, vigilancia masiva o manipulación conductual).
- Alto riesgo: tecnologías que pueden afectar derechos sensibles (salud, justicia, empleo), que deberán cumplir estrictos requisitos.
- Riesgo limitado y bajo: aplicaciones con menores exigencias, aunque sujetas a normas de transparencia.
Prohibiciones específicas
El proyecto establece límites claros, entre ellos:
- La prohibición del uso de reconocimiento facial mediante recolección masiva e indiscriminada de imágenes (por ejemplo, scraping de internet o cámaras de vigilancia).
- Restricciones a sistemas que puedan vulnerar la privacidad o generar discriminación.
Autoridad de aplicación y controles
Se prevé la creación de una autoridad encargada de:
- Auditar periódicamente los sistemas de IA.
- Solicitar información a empresas y organismos.
- Reclasificar tecnologías según su riesgo.
- Aplicar sanciones en caso de incumplimientos.
Este punto busca evitar zonas grises en el uso de estas tecnologías, estableciendo un control estatal activo.
Protección de datos y derechos
El proyecto pone especial énfasis en:
- La protección de datos personales.
- El derecho a la intimidad.
- La transparencia en el uso de algoritmos.
- La obligación de informar a los usuarios cuando interactúan con sistemas automatizados.
Adaptación obligatoria
Otro aspecto clave es que todos los sistemas de inteligencia artificial ya en funcionamiento en el país deberán adecuarse a la normativa en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigencia.
Un debate en expansión
La iniciativa se inscribe en un debate global sobre cómo regular la inteligencia artificial sin frenar la innovación. Siguiendo el modelo europeo, el proyecto argentino intenta equilibrar desarrollo tecnológico con garantías legales, en un contexto donde el uso de IA crece en múltiples sectores.
El tratamiento legislativo todavía está en etapas iniciales, pero marca un avance en la discusión sobre los límites, riesgos y responsabilidades en torno a estas tecnologías en Argentina.
About The Author
