El diputado de Unión por la Patria criticó el programa anunciado por Luis Caputo, que contempla aportes desde 350 mil dólares para solicitar la nacionalidad argentina. Advirtió sobre sus posibles consecuencias para la soberanía y las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El diputado nacional Agustín Rossi cuestionó el programa de ciudadanía por inversión impulsado por el Gobierno de Javier Milei y denunció que la iniciativa habilita la posibilidad de obtener la nacionalidad argentina a cambio de aportes económicos. El legislador también vinculó la medida con los cambios impulsados por el oficialismo en materia de propiedad de tierras y atracción de capitales extranjeros.
Las críticas se conocieron luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión durante una presentación en París, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. El esquema contempla distintas alternativas financieras para que ciudadanos extranjeros puedan solicitar la nacionalidad argentina.
En declaraciones radiales, Rossi sostuvo que el mecanismo permite acceder a la ciudadanía mediante un aporte de 350 mil dólares para inversores individuales, mientras que para un grupo familiar el monto puede alcanzar los 500 mil dólares. El dirigente cuestionó que el sistema no exija una residencia previa en el país y advirtió sobre las implicancias jurídicas y políticas de la iniciativa.
Los montos y las condiciones del programa
El esquema anunciado por el Gobierno contempla dos vías principales: un aporte no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800 mil dólares creado específicamente para el programa.
La propuesta también establece condiciones diferenciadas para determinados integrantes del grupo familiar del solicitante principal. Según la información oficial, las solicitudes estarán sujetas a controles de identidad, antecedentes y procedencia de los fondos, además de una evaluación por parte de los organismos competentes.
La administración nacional presenta la iniciativa como una herramienta para atraer capitales y fortalecer la integración internacional de la economía argentina. El programa está previsto para comenzar a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
Sin embargo, el mecanismo abrió una discusión sobre los requisitos para acceder a la nacionalidad y el alcance de las atribuciones del Poder Ejecutivo para establecer nuevas condiciones de naturalización.
La advertencia por la compra de tierras
Uno de los principales cuestionamientos de Rossi está relacionado con las posibles consecuencias del programa sobre las restricciones que regulan la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El diputado sostuvo que una persona que obtenga la ciudadanía argentina mediante este mecanismo podría quedar en una situación diferente frente a los límites establecidos para los propietarios extranjeros. En ese sentido, consideró que la iniciativa podría funcionar como una vía para sortear esas restricciones.
La advertencia se produce mientras el oficialismo busca avanzar con cambios vinculados con la propiedad privada y el régimen de tierras. Para la oposición, la combinación de ambas políticas puede tener consecuencias sobre el control de territorios estratégicos y los recursos naturales.
El alcance efectivo de esos posibles efectos dependerá de la normativa aplicable, de las condiciones concretas del programa y de la interpretación de las disposiciones vigentes.
La oposición busca frenar la iniciativa
Rossi y la diputada Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley para prohibir el otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de pagos, aportes, donaciones, inversiones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados.
La propuesta busca modificar la Ley de Ciudadanía y establecer expresamente que ninguna contraprestación económica pueda reemplazar los requisitos legales de naturalización. La iniciativa forma parte de la estrategia opositora para cuestionar el esquema anunciado por el Gobierno en el Congreso.
El debate también involucra la relación entre las facultades del Poder Ejecutivo y las atribuciones legislativas en materia de ciudadanía, una cuestión que adquiere especial relevancia por los derechos políticos asociados a la nacionalidad argentina.
Soberanía y atracción de inversiones
La controversia expone dos posiciones contrapuestas sobre la estrategia del Gobierno. Mientras la administración de Milei sostiene que el programa puede contribuir a captar capitales internacionales, sus críticos cuestionan que la nacionalidad pueda quedar vinculada a una contraprestación económica y advierten sobre sus posibles efectos jurídicos y patrimoniales.
Para Rossi, la ciudadanía no debe convertirse en un instrumento comercial y su regulación debe contemplar tanto los requisitos legales como las implicancias vinculadas con la soberanía nacional.
La discusión promete continuar en el ámbito legislativo, donde la oposición buscará modificar o derogar las disposiciones que permiten avanzar con el mecanismo. El resultado de esa disputa será determinante para definir el futuro del programa y el alcance de las condiciones que el Estado argentino podrá establecer para otorgar la nacionalidad por naturalización.
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