Los supermercados tienen la obligación de señalizar en las góndolas el producto más barato para cada categoría, medida que comenzó a implementarse en los últimos días según lo dispuso la Ley de Góndolas.
El 12 de mayo, la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Resolución 485, estableció la obligatoriedad de señalizar con una cartelería destacada el producto de menor precio por unidad de medida.
La norma reglamentó el Inciso C del Artículo 7 de la Ley de Góndolas que exige que los productos más baratos por unidad en cada góndola deben estar a altura equidistante entre el primer y el último estante, y que el valor no puede ser de «carácter transitorio».
De esta forma, el precio más bajo no podrá surgir de ofertas, bonificaciones o descuentos de cualquier tipo; y deberá estar exhibido con cartelería perpendicular a la góndola que indique la leyenda de MENOR PRECIO por unidad de medida. Ley 27.545.
Desde la Secretaría de Comercio Interior señalaron que «hoy (por ayer) efectivamente empezó a regir» la obligatoriedad y destacaron que ya «muchos supermercados lo tienen implementado».
La semana pasada la Secretaría de Comercio Interior comenzó a inspeccionar supermercados para verificar la disposición en góndola de productos de las categorías de alimentos, bebidas, higiene personal y artículos del hogar. Los mismos deben presentar, para cada categoría, al menos cinco proveedores y que ninguno de ellos ocupe más de 30 % del espacio.
Además, las micro y pequeñas empresas deben tener garantizado, en conjunto, 25 % del espacio y los productos de cooperativas y mutuales de la economía popular y productores de la agricultura familiar, campesina e indígena deberán gozar un mínimo de 5 %.
El objetivo de la medida es profundizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Góndolas, robusteciendo la competencia y dando mayor transparencia a la comercialización de determinados productos para el beneficio de todos los consumidores.
Vale mencionar que la ley busca generar un trato igualitario entre los diferentes proveedores para evitar prácticas que perjudiquen o pongan en riesgo la libre competencia o generen distorsiones de mercado, y ampliar la oferta de productos, para que puedan tener un lugar en la góndola aquellos bienes elaborados por las micro, pequeñas y medianas empresas o por el sector de la agricultura familiar, campesina, indígena, de la economía popular y de cooperativas y asociaciones mutuales.
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