Este martes comenzará la conformación de las comisiones en el Senado para iniciar el tratamiento de dos proyectos clave impulsados por el Gobierno nacional durante el período de sesiones extraordinarias: la iniciativa de modernización laboral y la nueva Ley Penal Juvenil que propone la baja de la edad de imputabilidad.
Tras haber sido postergada el año pasado, la discusión sobre la reforma laboral finalmente comenzará este 11 de febrero en la Cámara alta. Desde el oficialismo buscan avanzar en el debate mientras mantienen negociaciones con bloques considerados dialoguistas, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, con el objetivo de reunir los consensos necesarios para su aprobación.
El proyecto plantea una revisión integral del marco laboral vigente e incluye modificaciones en el esquema de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral mediante convenios colectivos y una reducción de las contribuciones patronales con el fin de incentivar la contratación formal. Además, propone incorporar la figura del “colaborador independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional.
Entre los puntos destacados también aparece la implementación de un “Banco de Horas”, un sistema de flexibilidad horaria que permitiría compensar excesos de jornada en días posteriores, en lugar de abonar horas extras.
Desde el sector sindical manifestaron un fuerte rechazo a la iniciativa al considerar que no generará empleo y que podría implicar una pérdida de derechos laborales adquiridos. En ese marco, anticiparon movilizaciones frente al Congreso durante el inicio del debate.
Por otro lado, el proyecto de Ley Penal Juvenil propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un régimen especial que contemple medidas socioeducativas y penas alternativas. La iniciativa descarta la reclusión perpetua para menores y fija un máximo de 20 años de condena.
El texto prevé que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de adultos, aunque con la excepción de permanecer en cárceles comunes. Para delitos con penas menores a tres años o de hasta diez años sin violencia grave, se priorizarían medidas con enfoque social y educativo, como libertad asistida o tareas comunitarias.
Desde el oficialismo sostienen que la propuesta busca poner fin a lo que denominan “puerta giratoria” y permitir sancionar delitos cometidos por menores de 16 años que actualmente no reciben condenas bajo la legislación vigente.
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