El sindicato de Comercio y OSECAC alertaron sobre el desfasaje entre aportes y costos del sistema de salud y reclamaron medidas urgentes.
El gremio de Comercio y la OSECAC encendieron una señal de alarma ante el Gobierno nacional por la creciente brecha entre los aportes de los monotributistas y los costos reales del sistema de salud, una situación que podría afectar la continuidad de la cobertura médica para miles de afiliados.
El secretario general del sindicato, Armando Cavalieri, junto al titular de la obra social, Carlos Pérez, mantuvieron un encuentro con el ministro de Salud, Mario Lugones, donde expusieron la delicada situación financiera que atraviesa el sistema.
Según el informe presentado, el costo promedio del Programa Médico Obligatorio supera los $100.000 mensuales por adulto y puede alcanzar entre $160.000 y $170.000 en el caso de adultos mayores. En contraste, el aporte mensual de un monotributista ronda los $22.000, una cifra que —según señalaron— resulta insuficiente incluso para cubrir una consulta básica.
El documento detalla que prácticas médicas habituales, como radiografías o estudios clínicos, presentan valores muy por encima de ese aporte, mientras que intervenciones quirúrgicas y tratamientos de mayor complejidad elevan aún más la brecha.
Desde el sector gremial advirtieron que este desequilibrio no es sostenible en el tiempo. “El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje”, señalaron, y reclamaron la implementación de medidas urgentes que garanticen la continuidad de la cobertura para los trabajadores independientes.
En ese marco, comenzaron a evaluarse distintas alternativas, como equiparar los aportes de los monotributistas con los de los trabajadores en relación de dependencia o, incluso, modificar el esquema actual de financiamiento del sistema.
Pese a la preocupación, desde OSECAC buscaron llevar tranquilidad a los afiliados y aclararon que no se plantea su exclusión del sistema. Sin embargo, el propio Cavalieri advirtió que más de 300.000 monotributistas reciben actualmente cobertura a través de la obra social, y que, de no resolverse este problema estructural, podrían verse progresivamente afectados.
El escenario abre un debate de fondo sobre la sustentabilidad del sistema sanitario: cómo garantizar el acceso a la salud de los trabajadores independientes sin comprometer la viabilidad económica de las obras sociales. En ese equilibrio, el rol del Estado será determinante para definir un esquema que combine equidad y sostenibilidad.
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