La Justicia de Quilmes investiga una denuncia de internos de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela que acusan a un grupo de ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas de instalar un sistema de cogobierno carcelario que incluiría la comercialización del servicio de internet, comestibles y hasta estupefacientes.
La presentación fue realizada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes por un grupo de internos con carácter de hábeas corpus colectivo.
La denuncia apunta contra el Pabellón 1, donde se alojan exclusivamente los ex agentes, quienes conformarían una organización conocida como «La Comitiva» o «Los Limpiezas y mantenimiento»»» en connivencia con autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Entre los delitos denunciados figura la instalación de un régimen tarifario clandestino para el acceso a internet. La organización exigiría el pago de cuotas mensuales de entre $30.000 y $40.000 por interno por el uso de antenas Starlink, que son controladas por miembros de la cúpula del grupo.
Además, se acusa a la banda de monopolizar la comercialización de bebidas y alimentos. Según la denuncia, se restringe el ingreso de gaseosas de primera línea para los familiares de los detenidos comunes, mientras se permite la entrada de cargamentos masivos para «La Comitiva». Estas bebidas serían revendidas a un valor de $10.000 por unidad, sirviendo como pantalla para la venta de estupefacientes.
En la presentación judicial, se describe cómo el grupo usurpó funciones del Estado, como el control de los candados del pabellón. El escrito señala que el personal penitenciario entrega las llaves reglamentarias a los reclusos de «La Comitiva», quienes controlan la apertura y cierre de las 26 celdas del sector. Esta maniobra es utilizada como un mecanismo punitivo, modificando arbitrariamente los horarios de encierro.
Debido a la gravedad de los hechos, los denunciantes solicitaron la intervención de fuerzas de seguridad federales, como la Gendarmería Nacional o la Policía Federal Argentina. También pidieron que se decrete el secreto de sumario para proteger la identidad de los denunciantes y testigos. La medida busca el allanamiento y secuestro de dispositivos telefónicos y documentación que respaldaría las acusaciones.
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