La Coalición Cívica presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para modificar el sistema de primarias. La iniciativa busca que la participación ciudadana deje de ser obligatoria y reducir costos cuando no haya competencia interna.
El bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica impulsó un proyecto de ley para introducir cambios en el régimen de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con el objetivo de que, a partir de 2027, la participación de los electores sea voluntaria.
La iniciativa fue presentada por el titular del espacio en la provincia, Andrés De Leo, junto a los legisladores Luciano Bugallo y Romina Braga. Según explicaron, la propuesta no elimina el sistema de primarias, sino que plantea una reformulación para adecuarlo a las necesidades actuales del proceso electoral.
Desde el bloque sostienen que las PASO fueron concebidas como una herramienta para democratizar la selección de candidatos dentro de los partidos políticos. Sin embargo, consideran que en la práctica requieren una revisión para evitar confusión entre los votantes y un desgaste innecesario en la ciudadanía.
Uno de los ejes centrales del proyecto establece que los ciudadanos no estarán obligados a participar en las primarias, transformándolas en una instancia optativa. A su vez, se contempla que los partidos o frentes electorales que presenten listas únicas no deban concurrir a esta instancia, evitando así procesos sin competencia interna.
En los fundamentos, los legisladores destacan la necesidad de mejorar la transparencia del sistema electoral, garantizar reglas claras y optimizar el uso de los recursos públicos. En ese sentido, remarcan que la organización de elecciones primarias implica un importante despliegue logístico, administrativo y económico.
Entre los costos mencionados se incluyen la impresión de padrones, la designación de autoridades de mesa, los operativos de seguridad, la infraestructura electoral y el financiamiento de las campañas. Según argumentan, cuando no existe una verdadera disputa interna o el interés ciudadano es bajo, ese gasto resulta desproporcionado en relación con su utilidad.
La propuesta apunta así a mantener la herramienta disponible para los espacios políticos que necesiten dirimir candidaturas, pero evitando su aplicación obligatoria en todos los casos.
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