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La Oficina Anticorrupción prorrogó las declaraciones juradas en medio de la polémica por Adorni

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La Oficina Anticorrupción resolvió extender el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos hasta el 31 de julio, dos meses más tarde de lo previsto originalmente. La decisión se oficializó a través de la Resolución 3/2026 y se da en un contexto político atravesado por denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde el organismo que conduce Gabriela Carmen Zangaro explicaron que la prórroga responde a la necesidad de adecuar los plazos de presentación patrimonial con los vencimientos impositivos fijados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), particularmente en relación con los tributos de Ganancias y Bienes Personales.

En ese sentido, se argumentó que la medida busca garantizar que los funcionarios cuenten con el tiempo necesario para completar de manera correcta la Declaración Jurada Patrimonial Integral, prevista en la Ley 25.188.

El organismo recordó que este tipo de declaraciones debe presentarse en tres instancias: al inicio de la función pública, de manera anual y al momento de dejar el cargo, como parte de los mecanismos de transparencia y control del patrimonio de los funcionarios.

La decisión se conoce en paralelo a las denuncias que involucran a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas irregularidades en la declaración de bienes, lo que suma tensión política al tema.

En ese marco, también se conoció que una de las causas judiciales vinculadas al entorno del funcionario fue archivada por el juez Daniel Rafecas, tras un dictamen de la fiscal Alejandra Mangano que concluyó que no hubo delito.

Según la resolución judicial, el episodio investigado —relacionado con un viaje en comitiva oficial— no implicó gastos adicionales para el Estado ni configuró una irregularidad, al existir disponibilidad en la aeronave utilizada.

Así, mientras la prórroga administrativa busca ordenar los tiempos de presentación patrimonial, el escenario político y judicial en torno a funcionarios del Gobierno continúa abierto y bajo seguimiento.

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