La Asociación de Maestros y Profesores aseguró que recibió decenas de recibos con quitas del Incentivo Provincial para la Enseñanza. El gremio envió cartas documento al Ministerio de Educación y cuestionó un mecanismo que puede representar una pérdida de hasta $160 mil por cargo.
La tensión entre el Gobierno de La Rioja y los docentes volvió a crecer luego de que la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) denunciara descuentos de entre $300.000 y $400.000 en los salarios de trabajadores que participaron de medidas de fuerza.
Los descuentos aparecen en los recibos correspondientes a agosto, que comenzaron a estar disponibles durante la madrugada del 2 de septiembre. Según informó el sindicato, fueron recibidos decenas de comprobantes en los que figura la quita del Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE), un adicional salarial que se encuentra condicionado por el régimen de asistencia.
Ante esta situación, la conducción de AMP, encabezada por Rogelio De Leonardi, comenzó a reunir los casos denunciados y presentó cartas documento ante el Ministerio de Educación provincial.
El sindicato habló públicamente de más de 30 docentes afectados, aunque en la primera presentación administrativa fueron incorporados entre 20 y 30 casos.
Un descuento que puede llegar a $400 mil
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con el monto del IPE.
Según explicó De Leonardi, el incentivo representa aproximadamente $160.000 por cargo. Por ese motivo, los docentes que cuentan con dos cargos pueden afrontar una pérdida que oscila entre $300.000 y $400.000 cuando dejan de percibir el adicional.
El impacto adquiere mayor dimensión si se tiene en cuenta que, según los datos difundidos por el gremio, el salario básico docente se ubica actualmente en torno a los $348.581.
De esta manera, para un trabajador con dos cargos, la pérdida del incentivo puede representar una reducción considerable del ingreso mensual.
Desde AMP calificaron los descuentos como arbitrarios y cuestionaron que el mecanismo pueda terminar funcionando como una forma de presión sobre los trabajadores que deciden participar de una huelga.
Esas expresiones corresponden a la posición del sindicato y no existe hasta el momento una resolución judicial que haya declarado inválidas las liquidaciones.
El IPE, en el centro del conflicto
El Incentivo Provincial para la Enseñanza se convirtió en uno de los principales puntos de discusión entre el Gobierno de Ricardo Quintela y los gremios docentes.
La provincia implementó el mecanismo como una herramienta para reforzar los ingresos del sector en un contexto marcado por la reducción de fondos nacionales destinados a educación.
Sin embargo, AMP cuestiona que el pago esté condicionado al presentismo y sostiene que se trata, en la práctica, de un “presentismo encubierto”.
El sindicato reclama que el monto sea incorporado al salario básico y deje de depender del cumplimiento de determinados requisitos de asistencia.
El problema se vuelve especialmente sensible cuando las ausencias responden a situaciones como enfermedades, consultas médicas, atención de familiares o situaciones de duelo.
Según la conducción gremial, superar el límite de inasistencias establecido puede provocar la pérdida del adicional.
El conflicto salarial que desembocó en el paro
La disputa por los descuentos se produce después de un nuevo paro docente realizado el 1° de septiembre.
La medida de fuerza había sido convocada por AMP para reclamar una recomposición salarial y exigir que el dinero correspondiente al IPE sea incorporado al salario básico.
El gremio considera insuficiente el esquema salarial implementado por la Provincia y cuestiona particularmente los aumentos otorgados mediante sumas que no impactan plenamente sobre el básico.
El conflicto ya había comenzado durante el receso invernal, cuando los docentes rechazaron una propuesta del Gobierno que contemplaba un incremento del 4% sobre el salario básico, además de sumas adicionales de $70.000 remunerativos no bonificables y otros $50.000 abonados mediante los denominados Chachos.
Desde la administración provincial, en cambio, se defendió la recomposición y se sostuvo que un docente que recién inicia su carrera podía alcanzar un ingreso cercano al millón de pesos mensuales.
La quita también impacta sobre el derecho a reclamar
Para AMP, el problema excede la discusión estrictamente salarial.
De Leonardi sostuvo que el temor a perder el IPE tuvo influencia sobre el nivel de adhesión a la última medida de fuerza y afirmó que la participación fue menor que en anteriores paros debido al impacto económico que puede generar la pérdida del incentivo.
El planteo introduce una discusión más amplia sobre las condiciones en las que los trabajadores estatales pueden ejercer su derecho a huelga.
Desde la perspectiva sindical, si una ausencia por paro implica perder un adicional de magnitud significativa, la medida puede generar un fuerte desincentivo económico para participar de una protesta.
El Gobierno provincial, por su parte, sostiene que el IPE está sujeto a condiciones de asistencia previamente establecidas y que los descuentos responden al régimen bajo el cual fue creado el incentivo.
Un conflicto que vuelve a enfrentar al Gobierno y los gremios
La situación vuelve a colocar a Quintela frente a un conflicto con los sindicatos docentes que se arrastra desde hace meses.
La discusión comenzó con el reclamo por los salarios, se profundizó alrededor del IPE y ahora sumó una nueva controversia por los descuentos aplicados después del paro.
El gremio pretende que los casos sean revisados y que se reviertan las quitas que considera improcedentes, mientras que el Gobierno deberá responder a las presentaciones realizadas ante el Ministerio de Educación.
El escenario también podría trasladarse nuevamente al ámbito judicial si las partes no encuentran una salida administrativa.
Por ahora, la presentación de las cartas documento constituye el primer paso formal de AMP para reclamar por los descuentos.
Salarios, presentismo y derecho a huelga
El conflicto riojano concentra tres cuestiones que atraviesan buena parte de las discusiones laborales del sector público: el nivel de los salarios, los adicionales condicionados al presentismo y el derecho de los trabajadores a realizar medidas de fuerza.
La discusión sobre el IPE adquiere especial relevancia porque no se trata de un monto marginal dentro del salario docente. Para quienes tienen dos cargos, la pérdida puede alcanzar varios cientos de miles de pesos.
Mientras AMP reclama que el incentivo se incorpore al básico y deje de estar condicionado por la asistencia, la administración de Quintela defiende el esquema como una herramienta de recomposición salarial.
El resultado de la disputa podría determinar no solamente qué ocurre con los descuentos ya aplicados, sino también cómo continuará el conflicto docente en La Rioja durante los próximos meses.
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