La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y de otros 18 imputados. La investigación analiza presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos, con hipótesis de direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y pago de sobornos.
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y ratificó además las medidas dictadas contra otros 18 imputados en el expediente.
La resolución fue firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah y mantiene abierta la investigación sobre un supuesto esquema de corrupción relacionado con la compra de medicamentos e insumos destinados a la ANDIS. La Justicia investiga, entre otros aspectos, posibles contrataciones direccionadas, sobreprecios y el presunto pago de coimas a cambio de beneficiar a determinados proveedores.
El procesamiento constituye una decisión dentro de la investigación penal y no implica una condena ni determina responsabilidad penal definitiva. El expediente continúa en etapa de instrucción y las acusaciones deberán ser sostenidas con pruebas durante el proceso.
Qué resolvió la Cámara Federal
Los camaristas ratificaron la situación procesal de Spagnuolo y de otros 18 acusados, a quienes la investigación vincula con una presunta asociación ilícita integrada por funcionarios y particulares.
De acuerdo con la hipótesis sostenida por el fiscal Franco Picardi, el ex titular de la ANDIS habría ocupado un lugar central dentro de la estructura investigada. La acusación apunta a un mecanismo mediante el cual determinadas contrataciones del organismo habrían sido direccionadas hacia proveedores específicos y realizadas con valores superiores a los que correspondían.
La Cámara sostuvo que en el período investigado se habrían producido contrataciones direccionadas y con sobreprecios que tenían como finalidad la obtención de ganancias indebidas. También consideró que Spagnuolo habría intervenido en las maniobras que son objeto de investigación dentro del organismo que encabezaba.
Entre las personas alcanzadas por la resolución figuran otros exfuncionarios y empresarios que ya habían sido procesados en febrero por el juez federal Sebastián Casanello.
Una causa que comenzó con audios
El expediente tomó relevancia pública a partir de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo que comenzaron a difundirse en agosto de 2025.
En esas grabaciones aparecían referencias a un supuesto sistema de cobro de dinero vinculado con contrataciones de medicamentos y proveedores de la ANDIS. La Justicia incorporó ese material al expediente y, desde entonces, uno de los puntos centrales de la investigación fue determinar su origen, autenticidad y eventual valor probatorio.
La defensa de Spagnuolo cuestionó desde el comienzo la utilización de las grabaciones y planteó objeciones sobre la forma en que fueron obtenidas.
En los últimos meses, además, se dispuso una pericia sobre los archivos para establecer si existieron modificaciones, cortes o ediciones y determinar quiénes son las personas que aparecen en las conversaciones.
La pericia de los audios continúa
El análisis técnico está a cargo de especialistas de la Gendarmería Nacional, que trabajan sobre 58 archivos de audio almacenados en un dispositivo entregado a la Justicia por el periodista Mauro Federico.
El estudio comenzó a fines de agosto y todavía no se había completado sobre la totalidad de las grabaciones. Un análisis preliminar difundido semanas atrás detectó cortes y ediciones en al menos uno de los archivos examinados, aunque ese hallazgo no alcanza por sí solo para establecer el origen de todas las grabaciones ni su contenido completo.
Además, los peritos detectaron voces distintas de la atribuida a Spagnuolo en algunos fragmentos. Según la información conocida hasta ahora, solamente una parte de los 58 archivos había sido analizada, por lo que la investigación técnica todavía se encuentra en desarrollo.
La defensa había intentado frenar la realización de la pericia, pero el juez federal Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N° 11, rechazó ese planteo y dispuso que el estudio continuara.
El planteo sobre la legalidad de las grabaciones
Otro de los puntos discutidos en la causa fue la legalidad del origen de los audios.
La Cámara Federal rechazó un planteo presentado por una de las defensas que pretendía anular la investigación argumentando cuestionamientos sobre la forma en que las grabaciones habían sido obtenidas.
De esta manera, el tribunal permitió que el expediente continúe avanzando mientras se profundiza el análisis técnico destinado a determinar la autenticidad y las circunstancias en las que fueron producidos los archivos.
El tema adquirió especial importancia porque las grabaciones constituyeron uno de los elementos que impulsaron la investigación pública sobre el funcionamiento de la ANDIS.
Las compras de medicamentos, bajo investigación
El núcleo económico de la causa está relacionado con las contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad para adquirir medicamentos de alto costo y otros insumos.
La hipótesis judicial apunta a que determinados proveedores habrían sido beneficiados mediante mecanismos que les permitían acceder a contrataciones en condiciones ventajosas, mientras que los precios abonados por el Estado habrían incluido sobrecostos.
Una de las estimaciones incorporadas al expediente calculó un perjuicio económico superior a $30.337 millones en las operaciones investigadas, aunque ese monto forma parte de la hipótesis sometida a investigación y deberá ser establecido con precisión durante el proceso.
En febrero, cuando dictó los primeros procesamientos, Casanello había considerado que la investigación permitía reconstruir un supuesto entramado de corrupción dentro de la agencia, con participación de funcionarios y operadores externos. Spagnuolo quedó procesado entonces, entre otros delitos, por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada.
Una causa que ahora quedó en manos de Lijo
Tras los cambios producidos en el expediente, la investigación quedó bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien interviene como subrogante del Juzgado Federal N° 11.
La instrucción deberá avanzar ahora sobre distintos elementos pendientes: el análisis completo de los audios, las contrataciones cuestionadas, la documentación administrativa y financiera y las eventuales responsabilidades individuales de los imputados.
La Justicia también deberá determinar si las pruebas reunidas permiten sostener las acusaciones en una instancia posterior o si corresponde modificar las imputaciones a medida que avance la investigación.
El contexto político y administrativo
La decisión judicial se conoció un día después de la salida de Alejandro Vilches, quien estaba al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, en medio de una etapa de fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento del organismo.
Además, una auditoría recientemente difundida detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ANDIS, un dato que fue incorporado al contexto de las investigaciones sobre la administración del organismo, aunque se trata de un asunto que debe diferenciarse de las maniobras específicas que analiza la causa penal.
El expediente judicial y las auditorías administrativas pueden aportar elementos complementarios, pero no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal.
Qué viene ahora
Con la confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal, la investigación continuará con los imputados en esa situación procesal mientras el juez avanza sobre las medidas de prueba pendientes.
Uno de los próximos puntos de interés será el resultado de la pericia sobre los audios, especialmente porque las defensas cuestionaron su autenticidad y porque el análisis técnico busca establecer si los archivos fueron editados y quiénes aparecen efectivamente en las conversaciones.
También resta profundizar el análisis de las contrataciones, los precios abonados, los vínculos entre funcionarios y proveedores y la eventual existencia de un mecanismo coordinado para direccionar negocios dentro de la agencia.
Por ahora, la resolución de la Cámara representa un nuevo avance procesal para la investigación, pero el caso todavía no llegó a una instancia de juicio. La determinación definitiva sobre la responsabilidad de cada uno de los acusados dependerá de las pruebas que se incorporen durante el proceso.
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