El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses señalados por su participación en la planificación y ejecución del atentado contra la AMIA. También dispuso embargos de hasta 500 millones de dólares para cada uno.
La investigación judicial por el atentado contra la AMIA dio un nuevo paso con el procesamiento de ocho personas acusadas de haber intervenido en la organización y ejecución del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994. La medida fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas y se encuadra en el régimen de juicio en ausencia, que permite avanzar con el proceso pese a que los imputados permanecen prófugos fuera del país.
La resolución supera las 600 páginas y establece embargos por US$500 millones para cada uno de los procesados. Ahora, la decisión podrá ser apelada por la Defensa Oficial y, si queda firme tras la revisión de las instancias superiores, la causa quedará encaminada hacia una eventual etapa de juicio oral y público.
Los ocho procesados
Entre los acusados como autores mediatos se encuentran cuatro exfuncionarios de alto rango de Irán: Ali Fallahijan, quien era ministro de Inteligencia; Ali Velayati, entonces titular de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, quien estaba al frente de la fuerza Al Quds.
Rafecas también procesó como cómplices necesarios a Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada de Irán; y Ahmad Asghari, señalado en la investigación como integrante de los servicios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, ciudadano libanés vinculado a Hezbollah. De acuerdo con la resolución, el magistrado le atribuyó un papel en la coordinación de la etapa final del ataque.
La reconstrucción del atentado
Según la investigación incorporada al fallo, la decisión de llevar adelante el atentado habría sido adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y posteriormente encomendada a Hezbollah.
La organización del ataque habría contado con una estructura de apoyo regional y local, con conexiones en la zona de la Triple Frontera.
La reconstrucción judicial sostiene que el vehículo utilizado en el atentado fue adquirido el 10 de julio de 1994. Se trató de una camioneta Renault Trafic que posteriormente fue acondicionada y cargada con explosivos.
El 18 de julio de ese año, el vehículo fue utilizado para perpetrar el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires. El atentado provocó 85 muertes y 151 personas heridas, además de importantes daños materiales.
Un crimen de lesa humanidad
En su resolución, Rafecas consideró que los hechos constituyeron homicidios y lesiones reiteradas, agravados por motivos vinculados con el odio racial o religioso y por el empleo de un medio capaz de generar un peligro común.
El magistrado también calificó el atentado como crimen de lesa humanidad y sostuvo su encuadre dentro de la figura de genocidio conforme al Derecho Internacional.
La resolución no alcanzó a todos los nombres que habían sido mencionados a lo largo de la investigación. Rafecas dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar.
Tampoco analizó la situación procesal del líder supremo iraní Alí Khamenei, del dirigente de Hezbollah Imad Mughniyeh y de Ali Hussein Abdallah, debido a que, según consta en el expediente, los tres fallecieron.
El camino hacia un eventual juicio
El procesamiento constituye un nuevo avance en una causa que durante décadas permaneció sin una instancia de juicio respecto de los principales acusados que se encuentran fuera de la Argentina.
La posibilidad de continuar el proceso bajo el régimen de juicio en ausencia fue habilitada por la Ley 27.784. De quedar firme la resolución de Rafecas, el juzgado deberá dar intervención a las partes para avanzar hacia la etapa de juicio oral y público.
De esta manera, la causa AMIA vuelve a ingresar en una instancia decisiva, con ocho acusados procesados y una investigación que busca establecer judicialmente las responsabilidades por el atentado ocurrido hace más de tres décadas.
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