La entidad que agrupa a empresas periodísticas cuestionó los insultos del Presidente contra Luis Novaresio y otros comunicadores. Señaló que el Gobierno tiene derecho a responder a las críticas, pero diferenció esa facultad de los ataques personales.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó este martes su rechazo a una nueva serie de agravios del presidente Javier Milei contra periodistas y representantes de medios de comunicación, y advirtió que este tipo de expresiones afectan el debate público y el diálogo democrático.
El pronunciamiento se produjo luego de los cuestionamientos que el mandatario realizó en redes sociales contra el periodista Luis Novaresio, a quien insultó después de que analizara en su programa los dichos del canciller Pablo Quirno sobre las elecciones en Brasil.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei utilizó expresiones ofensivas contra el periodista y cuestionó su interpretación de una publicación del funcionario. Novaresio, por su parte, evitó responder en los mismos términos y manifestó que no tenía intención de entrar en una confrontación personal.
ADEPA diferenció crítica de agravio
En su comunicado, ADEPA sostuvo que quienes ejercen funciones de gobierno tienen derecho a responder ante informaciones o críticas que consideren equivocadas, incorrectas o sesgadas.
La entidad remarcó que esa respuesta puede incluso formularse en términos firmes, pero señaló que existe una diferencia entre refutar una información y atacar personalmente a quien la publica.
Según ADEPA, los insultos y agravios no afectan solamente al periodista que los recibe, sino que también tienen consecuencias sobre el conjunto del debate público. La organización destacó además que la libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones y críticas referidas a quienes ejercen el poder.
Una serie de cruces con periodistas
El episodio con Novaresio se suma a una sucesión de enfrentamientos protagonizados por Milei durante los últimos días.
ADEPA mencionó entre los periodistas y representantes de medios que recibieron cuestionamientos del Presidente a Fernán Saguier, Carlos Pagni, Jorge Liotti y Joaquín Morales Solá, de La Nación; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Eduardo van der Kooy, de Clarín; y Gustavo Sylvestre, de C5N.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también realizó un relevamiento sobre los ataques registrados durante los primeros días de octubre. Según esa organización, entre el 1° y el 5 de octubre se contabilizaron 12 ataques a la libertad de expresión protagonizados por el Presidente, dirigidos contra periodistas, medios y la propia entidad.
FOPEA sostuvo que los periodistas pueden ser cuestionados y sus informaciones refutadas, pero consideró que la crítica debe diferenciarse del insulto. También planteó que cuando los agravios provienen de quienes ejercen el poder estatal existe una asimetría que puede incrementar su impacto.
El caso Duffard también llegó a la Justicia
Uno de los episodios recientes involucró a la periodista María Eugenia Duffard. Luego de los cuestionamientos públicos de Milei, la exdiputada Elisa Carrió presentó una denuncia penal contra el Presidente por presunto abuso de autoridad y distintas formas de violencia vinculadas con los agravios dirigidos hacia la periodista.
El caso fue mencionado también por organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión, que expresaron preocupación por la reiteración de este tipo de episodios.
El planteo de ADEPA
La entidad periodística insistió en que el derecho a réplica y la posibilidad de que funcionarios cuestionen informaciones forman parte del debate democrático, pero sostuvo que ese derecho no incluye la legitimidad de los ataques personales.
El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente confrontación pública entre el Presidente y distintos periodistas y medios, con cruces que se desarrollan principalmente a través de las redes sociales.
ADEPA volvió así a marcar una distinción entre la discusión sobre las políticas y decisiones de un gobierno, que forma parte del debate democrático, y la descalificación personal de quienes ejercen el periodismo, al considerar que la segunda puede deteriorar las condiciones en las que se desarrolla la discusión pública.
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