La trabajadora municipal presentó una denuncia penal el 22 de octubre y solicitó la recusación de la fiscalía sorteada en su expediente. Argumentó que presuntos vínculos e intereses políticos relacionados con el fiscal podrían comprometer la imparcialidad de la investigación.
La denuncia por presunto acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de poder en el Concejo Deliberante de San Isidro sumó un nuevo capítulo judicial. Daniela Cali, trabajadora municipal con 14 años de antigüedad, formalizó una presentación penal y pidió que la fiscalía asignada a su expediente sea apartada de la investigación.
El planteo quedó registrado en un correo electrónico enviado el jueves 22 de octubre de 2026, a las 21.27, dirigido a la fiscalía de San Isidro y a la Fiscalía General. En el mensaje, titulado “Solicita Recusación”, Cali pidió que se evalúe la procedencia de su solicitud y que, de corresponder, se designe otra fiscalía.
En el escrito, sostuvo que existen circunstancias de público conocimiento que, a su entender, podrían poner en duda la imparcialidad del fiscal designado. En particular, hizo referencia a presuntos vínculos e intereses políticos que, según expresó, podrían afectar la objetividad de la investigación.
“Solicito se evalúe la procedencia de esta recusación y, de corresponder, se asigne otra fiscalía para garantizar la transparencia, imparcialidad y debido proceso legal”, señaló en el correo.
La captura acredita el envío del pedido, aunque no permite establecer si la recusación fue aceptada ni si se dispuso un cambio de fiscalía.
La denuncia contra el exconcejal Pablo Fontanet
Cali hizo públicas sus acusaciones contra el exconcejal Pablo Fontanet, a quien señaló por presuntos episodios de acoso sexual, hostigamiento y abuso de poder en el ámbito legislativo municipal.
Durante entrevistas televisivas, la trabajadora exhibió capturas de mensajes que atribuyó al exfuncionario y que, según su relato, contenían solicitudes de fotografías y videos de contenido sexual. También afirmó que, tras negarse a esos pedidos, sufrió amenazas de represalias laborales y posibles recortes salariales.
La denunciante sostuvo además que el exintendente Gustavo Posse y el actual jefe comunal, Ramón Lanús, estaban al tanto de la situación y no intervinieron. Estas afirmaciones forman parte de su testimonio y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
El cuestionamiento a la fiscalía
El pedido de recusación constituye un planteo adicional dentro del proceso judicial. Cali fundamentó su solicitud en presuntas circunstancias que, según considera, podrían generar dudas razonables sobre la independencia del fiscal asignado.
La trabajadora también vinculó su cuestionamiento con la actuación del fiscal en la causa por la muerte de Natacha Jaitt, cuyo expediente fue archivado. Sin embargo, el correo exhibido no menciona expresamente ese antecedente, por lo que ese fundamento debe atribuirse a las declaraciones de Cali y no al contenido textual de la presentación.
Ahora deberá determinarse si el planteo cumple con los requisitos para ser evaluado y qué decisión adoptan las autoridades judiciales.
Mientras tanto, las acusaciones contra Fontanet y los cuestionamientos a otros funcionarios deben ser considerados denuncias y afirmaciones de Cali, sin que ello implique responsabilidades penales acreditadas.
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