La empresa debatirá este lunes una modificación del esquema tarifario en una audiencia pública. Según sus estimaciones, el 60% de los usuarios residenciales tendrá aumentos promedio del 22,6%, mientras que el 20% registrará bajas en sus facturas. También habrá cambios en los subsidios.
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) busca modificar el esquema tarifario del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense. La propuesta será analizada este lunes 26 de octubre en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
El encuentro comenzará a las 10 y se realizará de manera virtual, con transmisión por streaming a través del sitio web del organismo. El objetivo es actualizar un sistema de tarifas cuyo diseño original tiene más de 40 años.
La iniciativa plantea una simplificación de los coeficientes zonales, modificaciones en el cobro del servicio de desagües cloacales y nuevas pautas tarifarias para distintos tipos de usuarios. Si se aprueba, los cambios tendrán efectos diferentes según la zona y la categoría de cada inmueble.
Cuánto podrían aumentar las facturas de agua
De acuerdo con las estimaciones de AySA, calculadas a valores tarifarios de septiembre de 2026, el impacto sobre los usuarios residenciales se distribuiría de la siguiente manera:
- El 60% registraría aumentos, con una suba promedio del 22,6%.
- El 20% tendría reducciones en sus facturas, con una baja promedio del 14,7%.
- El 20% restante mantendría sus importes sin cambios.
En promedio, la factura residencial de la Ciudad y el conurbano pasaría de $27.156 a $30.250 mensuales, sin impuestos. Esto representa un incremento promedio ponderado del 11,4%.
Para amortiguar el impacto en los hogares alcanzados, AySA propone aplicar los cambios de manera progresiva, con un tope del 5% acumulativo mensual en los aumentos de los cargos zonales.
Qué pasará con los subsidios
La propuesta también contempla cambios en el régimen de subsidios. En particular, los usuarios que dejen de pertenecer a las zonas consideradas de menor capacidad económica perderían gradualmente el subsidio adicional del 15% que reciben actualmente.
La eliminación se realizaría en tres etapas, con una quita distribuida en partes iguales.
Además, AySA sostiene que el aumento global de los ingresos que generaría el nuevo esquema permitiría ampliar la cobertura de la tarifa social e incorporar nuevos beneficiarios, incluidos hogares de barrios populares.
Según la empresa, el conjunto de las medidas produciría un incremento global de ingresos del 7,3%, equivalente a $140.057 millones calculados a tarifas de septiembre.
Qué ocurrirá con comercios, industrias y terrenos baldíos
El impacto también variará entre los usuarios no residenciales y los propietarios de terrenos sin construir.
Para comercios, industrias e instituciones, AySA proyecta una reducción promedio del 2,2% en la factura mensual, que pasaría de $137.807 a $134.812.
Dentro de ese grupo, el 63% mantendría su factura sin cambios, el 22% tendría reducciones promedio del 24,6% y el 15% afrontaría aumentos medios del 26,5%.
En el caso de los terrenos baldíos, la empresa calcula un incremento promedio del 7,6%, con una factura mensual que pasaría de $17.822 a $19.172. El 58% no tendría variaciones, el 37% registraría aumentos y el 5% restante tendría reducciones.
Un nuevo esquema para las zonas tarifarias
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la simplificación de los coeficientes zonales para los usuarios del régimen no medido.
Actualmente existen 11 coeficientes, con valores que van de 1,10 a 3,50. AySA propone reemplazarlos por cinco niveles, con coeficientes de entre 0,75 y 2,75.
La empresa también busca adecuar el precio del metro cúbico del servicio de desagües cloacales en el radio antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplando el cobro por desagües pluviales. A su vez, plantea establecer criterios tarifarios diferenciados para asentamientos informales y urbanizaciones cerradas.
La audiencia pública permitirá analizar la propuesta, aunque la presentación de la iniciativa no implica que los cambios queden aprobados automáticamente.
El debate se produce, además, luego de que se conociera la adjudicación de la licitación para la venta del 90% de las acciones de AySA al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que operaría la compañía durante los próximos 30 años, según la información difundida sobre el proceso.
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