El oficialismo consiguió mantener abierta en el Consejo de la Magistratura la investigación contra el magistrado Raúl Ojeda, quien había dictado una cautelar a favor de la CGT. El avance del expediente impulsado por el Movimiento Empresarial Antibloqueos generó cuestionamientos de asociaciones de jueces y abogados laboralistas, que advierten sobre un posible disciplinamiento judicial.
La ofensiva contra el juez laboral Raúl Ojeda sumó un nuevo capítulo en el Consejo de la Magistratura, donde avanzó el proceso iniciado por el Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) para investigar su actuación. El magistrado había dictado una medida cautelar que suspendió inicialmente más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El expediente, que había sido presentado en abril, logró mantenerse en trámite luego de que el oficialismo consiguiera los votos necesarios en la Comisión de Acusación para evitar su desestimación. El diputado de La Libertad Avanza Gonzalo Roca aportó el voto decisivo para que la investigación continuara, frente al planteo de archivo presentado por la diputada y representante sindical Vanesa Siley.
La decisión habilitó al organismo a avanzar con la producción de pruebas y profundizó la preocupación de sectores del ámbito judicial, que cuestionan que un magistrado pueda quedar sometido a un proceso disciplinario por el contenido de una resolución dictada en el ejercicio de sus funciones.
El Movimiento Empresarial Antibloqueos, en el centro de la disputa
La presentación contra Ojeda fue impulsada por el Movimiento Empresarial Antibloqueos, una organización que reúne a empresarios y dirigentes políticos vinculados con el oficialismo. Entre sus referentes aparecen la diputada nacional Verónica Razzini, la senadora Patricia Bullrich y la dirigente Florencia Arietto.
El espacio se constituyó en 2021, a partir de conflictos empresariales con organizaciones sindicales, y construyó su actividad pública alrededor de denuncias contra bloqueos y medidas de fuerza gremiales.
Sin embargo, su reconocimiento institucional tuvo obstáculos. El intento de inscribirse como asociación civil ante la Inspección General de Justicia fue rechazado. Posteriormente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó esa decisión al considerar que el objeto de la entidad resultaba contrario al bien común por su orientación hacia la criminalización de la organización sindical y el ejercicio de derechos laborales.
Finalmente, el movimiento consiguió un reconocimiento limitado a la provincia de Santa Fe, sin alcanzar la personería de alcance nacional que había buscado.
Los antecedentes de los conflictos sindicales
Entre los episodios vinculados con el MEAB aparece el conflicto de la empresa Lácteos Vidal, en Carlos Casares, que enfrentó a la firma con el sindicato de trabajadores de la industria lechera (Atilra).
La disputa comenzó por reclamos laborales y de recategorización de trabajadores, y derivó en despidos y denuncias por bloqueos sindicales. La empresaria Alejandra Bada Vázquez se convirtió en una de las figuras más visibles del espacio y recibió el respaldo público de dirigentes como Bullrich.
El caso también estuvo atravesado por denuncias y episodios judiciales vinculados con integrantes de la familia empresaria. Entre ellos, se registraron cuestionamientos por amenazas a trabajadores durante el conflicto y referencias posteriores a presuntos vínculos económicos con el empresario Alfredo “Fred” Machado, investigado por sus conexiones con el narcotráfico.
Otro antecedente citado en la discusión es el conflicto entre el sindicato de Camioneros de San Nicolás y una empresa de distribución. En esa causa, el dirigente sindical Maximiliano Cabaleyro y otros seis trabajadores fueron absueltos de los cargos que enfrentaban, luego de un proceso judicial que incluyó cuatro años de prisión preventiva para el sindicalista.
Rechazo de jueces y abogados laboralistas
El avance del expediente contra Ojeda generó pronunciamientos de distintas organizaciones del ámbito judicial. La Asociación de Jueces del Trabajo (Anjut) y la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), entre otras entidades, expresaron su rechazo al proceso y advirtieron sobre los riesgos de utilizar los mecanismos disciplinarios para cuestionar decisiones jurisdiccionales.
El principal argumento de esas asociaciones es que la investigación se encuentra directamente relacionada con una resolución judicial que benefició a la CGT en su demanda contra la reforma laboral.
La preocupación apunta a que un proceso de esta naturaleza pueda funcionar como un mecanismo de presión sobre los magistrados y afectar la independencia judicial, especialmente en causas donde se discuten derechos colectivos y garantías constitucionales.
El Consejo de la Magistratura tiene entre sus atribuciones evaluar la conducta y el desempeño de los jueces, pero la apertura de una investigación no implica por sí misma que existan motivos suficientes para avanzar hacia una destitución.
La cautelar contra la reforma laboral y la disputa judicial
Ojeda intervino en la demanda presentada por la CGT contra distintos artículos de la Ley de Modernización Laboral. En marzo de 2026, el magistrado dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de más de 80 disposiciones cuestionadas por la central sindical.
El Gobierno reaccionó con distintas presentaciones judiciales para revertir la decisión y cuestionó la competencia del fuero laboral. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó posteriormente sin efecto la cautelar, por lo que la reforma volvió a quedar vigente mientras continúa la discusión sobre su constitucionalidad.
La disputa no terminó allí. En octubre, la Justicia laboral declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 79 y 94 de la reforma en un litigio específico relacionado con trabajadores despedidos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El fallo volvió a poner en discusión el alcance de los cambios sobre la competencia de los tribunales laborales.
La causa impulsada por la CGT contra distintos artículos de la ley también continúa su recorrido judicial, sin que exista todavía una resolución definitiva sobre el conjunto de los cuestionamientos.
Una disputa que excede la situación del juez Ojeda
El avance del expediente contra el magistrado se inscribe en un enfrentamiento más amplio entre el Gobierno y distintos sectores del Poder Judicial por la aplicación de la reforma laboral.
Mientras el oficialismo sostiene que la normativa debe implementarse y cuestiona las decisiones que obstaculizan su aplicación, las organizaciones sindicales y entidades de abogados la
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