El juez Luis Armella abrió 75 causas penales por extorsión a beneficiarios de planes sociales, tras numerosas denuncias anónimas y pruebas obtenidas en allanamientos a domicilios, sedes y comedores.
Estas denuncias, en su mayoría anónimas, apuntan a dirigentes de organizaciones sociales que, presuntamente, habrían amenazado con la suspensión de los beneficios a quienes no cumplieran con ciertas exigencias.
Las investigaciones se originaron a partir de una causa mayor, iniciada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se recibieron múltiples denuncias a través de la línea 134. Los allanamientos realizados en domicilios y sedes de organizaciones sociales en Quilmes han permitido reunir pruebas que sustentan las acusaciones.
Según las denuncias, los beneficiarios habrían sido coaccionados a participar en movilizaciones, entregar parte del dinero que recibían o cumplir con otras condiciones impuestas por los dirigentes de las organizaciones sociales. Estas prácticas habrían generado un clima de temor y vulnerabilidad entre los beneficiarios, quienes dependen de estos planes para cubrir sus necesidades básicas.
La Justicia Federal continúa investigando estos hechos y ha solicitado diversas medidas cautelares, como allanamientos y embargos, con el objetivo de determinar la responsabilidad de los involucrados y recuperar los fondos públicos que pudieran haber sido desviados.
