Expertos aseguraron que el uso de la firma electrónica facilitará la actividad económica en medio de la cuarentena, y calificaron de «excelente» el puntapié dado por el Gobierno la última semana, que autorizó los contratos entre sociedades de garantías recíprocas (SGR) y pequeñas y medianas empresas (pymes) bajo esta modalidad y con el empleo de tecnología blockchain.
«Usar la tecnología abierta de blockchain democratiza el uso de firma electrónica, y se van a digitalizar muchos más procesos que hasta ahora. Es una excelente noticia para la sociedad, y particularmente para la economía», indicó Diego Gutiérrez Zaldívar como director ejecutivo de IOV Labs y fundador de la ONG Bitcoin Argentina.
Mientras que Leonardo Elduayen, director de operaciones de Koibanx y vicepresidente de Bitcoin Argentina, consideró que «es un gran avance» el que hizo el Gobierno la última semana, y destacó que «en medio de la cuarentena se requiere digitalizar los trámites, y sacar la firma digital es complejo, ya que hay que registrarse en forma presencial ante algún certificador autorizado por Jefatura de Gabinete».
El Ministerio de Desarrollo Productivo autorizó la celebración de contratos de garantía recíproca mediante la firma electrónica, a través de la resolución 50/2020 de la Secretaría Pyme, que estableció que las SGR deberán utilizar un soporte asociado a la tecnología blockchain.
«Esta decisión es muy interesante porque hay una diferencia bien clara entre firma digital y electrónica; no son lo mismo», explicó Edluayen y añadió que «la firma digital está reglamentada por ley en Argentina, y exige lo que se llama un certificado con criptografía asimétrica, con validación del sector público y del privado de que el usuario es quien dice ser».
Remarcó que «esta firma tiene un nivel de robustez técnica que legalmente en Argentina le damos la misma equivalencia que a una firma hológrafa certificada», y puntualizó que «es fundamental porque permite hacer trámites digitales y darlos por válidos y no rechazables». Así precisó que «cualquier otro medio o plataforma que deje firmar por internet pero no tenga certificado es considerado firma electrónica, no digital».
En la misma línea, Gutiérrez Zaldívar consideró que la iniciativa del Gobierno representa «una excelente oportunidad», porque explicó que «el gran problema con la firma digital es la estructura que conlleva: un grupo de certificadores necesarios para el sistema, pero reducido en cantidad, que genera mucha fricción en el uso de la misma».
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