El fiscal federal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, Leonel Gómez Barbella requirió al juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, Carlos Bruniard, la elevación a juicio de la investigación seguida contra el presidente y el gerente comercial de la empresa transportadora de caudales Codecop, como autor y partícipe necesario, respectivamente, del delito de defraudación por retención indebida cometido contra diferentes empresas por montos que superan, sumados, los 1.000 millones de pesos y 1,2 millones de dólares.
De acuerdo con la acusación, los imputados se habrían quedado con dinero que debían trasladar y/o resguardar, en virtud de los contratos de prestación de servicios oportunamente celebrados, para el Banco Galicia, la empresa Arcos Dorados (ADASA, responsable de los restaurantes de comida rápida McDonald´s) y el Grupo Codere, que administra casas de juego y bingos en la Provincia de Buenos Aires.
La investigación que llegará a debate oral fue motorizada por la fiscalía, en los términos del Artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación, dado que al inicio de los hechos se desconocían los autores. Tras los allanamientos y los pedidos de detención solicitados por la representación del MPF, el juzgado asumió la instrucción del caso.
El presidente de la firma acusado, identificado como L.D.Z., se actualmente encuentra detenido; mientras que el gerente comercial, individualizado como J.E.C.I., está excarcelado.
En su presentación, el MPF consideró que el presidente de la firma de caudales “pese a las obligaciones asumidas contractualmente, y a haber sido fehacientemente intimado para ello, ha omitido voluntariamente, primero trasladar, y luego entregar al Banco Galicia, a ADASA y al Grupo Codere, las millonarias sumas ya detalladas que se encontraban atesoradas en sus distintas plantas, reteniendo así indebidamente dichos fondos, en claro perjuicio de las firmas nombradas”.
Respecto al gerente comercial de la empresa de caudales, la fiscalía sostuvo en su acusación que «más allá de las circunstancias formales de contratación del imputado en la empresa Codecop, este no sólo no ignoraba los pormenores del desvío del dinero en perjuicio de las empresas damnificadas, sino que además formó parte activa de las mismas, siendo el principal intermediario con ellas, y brindado respuestas evasivas a efectos de ganar tiempo ante los reclamos efectuados».
