Caso Micaela: solicitaron la elevación a juicio oral

La fiscal María Julia Bottaso pidió la imputación para los tres jóvenes que están aprehendidos y acusados del asesinato de la oficial de la Policía Federal Argentina; la causa está caratulada como "homicidio en ocasión de robo doblemente agravado"

Una fiscal pidió que tres adolescentes vayan a juicio oral acusados de haber asesinado de un balazo a la oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Micaela Romero cuando en agosto del año pasado, en plena pandemia por el coronavirus, salió a comprar cigarrillos y no quiso entregarle su celular a un grupo de motochorros durante un asalto ocurrido en Quilmes Oeste, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, María Julia Bottaso y recae sobre los tres jóvenes que están detenidos por el caso, dos que actualmente tienen 17 años y habían sido arrestados el año pasado y un tercero de 18 que fue aprehendido el viernes último y que ya cuenta con prisión preventiva.

La fiscal presentó su requerimiento de elevación a juicio ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Quilmes, a cargo de los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analía Consolo y la imputación para los acusados, que al momento de hecho tenían entre 16 y 17 años, es por «homicidio en ocasión de robo doblemente agravado».

«La causa tiene dos mil fojas y tuvo un trabajo que llevó nueve meses, con doce allanamientos y cantidades de pericias de parte de todo el equipo de la fiscalía. Ahora, con las pruebas que tenemos recolectadas, vamos a probar que los acusados son los que mataron a Romero», contó la fiscal Bottaso.

«Se trata de una investigación compleja. No vamos a exponer nada porque se trata de una causa en la que están implicados menores de edad, pero todo está listo para que antes de fin de año se pueda tener una condena para los tres procesados», agregó la funcionaria judicial.

Por otra parte, Juan Carlos Romero, el padre de la víctima, dijo que espera que «se haga Justicia» por su hija y que «los asesinos que le quitaron la vida paguen en la cárcel y se pudran en donde están…».

«Espero que los jueces estén a la altura y hagan Justicia por Micaela y por tantos policías que mueren por manos de delincuentes», agregó el padre de Micaela.

«A mi hija la mataron por un teléfono celular. Yo como padre voy a dar toda mi vida para que mi hija pueda descansar en paz. Le arrebataron la vida tan joven por la nada misma. Si hubiera pena de muerte en Argentina, seguro la pido para los responsables del crimen de mi hija», enfatizó Juan Carlos.

Micaela tenía de 23 años, era madre de una nena de dos, tenía un año de antigüedad en la fuerza y se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de licencia médica.

La mañana del 16 de agosto de 2020

El crimen de Micaela Romero fue cometido en plena pandemia de COVID-19, cerca de las 7 del domingo 16 de agosto de 2020, que era el Día del Niño, cuando se encontraba de civil y, junto a un amigo, fue a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en Calle 395 y Carlos Pellegrini, de La Cañada. En esas circunstancias, varios delincuentes en motos los interceptaron con fines de robo; Romero se encontraba sin su arma reglamentaria.

Tras el hecho, los familiares contaron a la prensa que los delincuentes le sacaron las zapatillas y el celular al joven que acompañaba a la víctima y cuando Micaela no quiso entregar su teléfono, la reconocieron como policía y le efectuaron un tiro en el pecho.

Los investigadores señalaron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax y que los delincuentes alcanzaron a sustraerle el celular para luego escaparse.

Tras el ataque, la oficial de la PFA fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida.

A un mes y medio del hecho, la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con María Constante, la madre de Romero, junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para acompañar el pedido de Justicia de la familia.

Pocos días después, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió a los padres de Romero y expresó su «pesar y compromiso» para contribuir al esclarecimiento del caso.

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