La defensa del ex presidente cuestionó que se lo haya procesado sin ser indagado por los hechos que se le imputan. Apuntan a una «persecución infundada».
El ex presidente Alberto Fernández apeló el procesamiento dictado en la causa Seguros y solicitó que se le dicte la falta de mérito mientras se profundiza la investigación.
La presentación fue realizada ante la Cámara Federal porteña por su abogada defensora, Mariana Barbitta, tras la decisión del juez Sebastián Casanello, quien lo procesó por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Según argumentó la defensa, el ex mandatario fue procesado por conductas novedosas por las que nunca fue indagado y, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de ejercer adecuadamente su defensa.
Para la defensa, se trata de una decisión arbitraria basada en elementos que no forman parte de la imputación original, lo que vulnera el derecho a la defensa en juicio.
Uno de los puntos más cuestionados del procesamiento es la acusación de haber creado un cargo de secretaria privada para María Cantero, esposa del broker Héctor Martínez Sosa, también procesado en la causa.
Además, se le imputa haber permitido el funcionamiento de una oficina privada con fines empresariales dentro del ámbito de la administración pública, supuestamente vinculada a un grupo del que él habría participado.
La defensa consideró que el procesamiento se dictó sobre una “plataforma fáctica y jurídica” distinta de la que motivó su llamado a indagatoria, lo que constituye, a su criterio, un vicio insalvable del proceso.
En el escrito, Barbitta también advirtió sobre la “gravedad institucional y democrática” de procesar a un ex presidente basándose en una investigación periodística, sin una pesquisa judicial “seria, amplia y objetiva”, y habló de una “persecución infundada” contra Fernández.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá analizar la apelación y decidir si confirma el procesamiento o dicta la falta de mérito mientras avanza la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte del Estado nacional durante su mandato.
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