El Tribunal de Casación Penal confirmó la condena a una oficial de la Policía bonaerense por la denominada «Masacre de Quilmes«, donde murieron cuatro adolescentes en octubre de 2004 tras incendiarse una comisaría en la que estaban demorados y por la que también fueron juzgados otros diez policías, pero dispuso que la pena de cuatro años sea rebajada, informaron fuentes judiciales.
La Sala III, integrada por los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, rechazó los planteos de la defensa de Elda Guaquinchay Bogado y ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 quilmeño que la condenó por el delito de «omisión de denuncia de torturas».
«Para las familias de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) es una gran noticia confirmar la condena», dijo Tobías Corro como referente social que las acompañó durante todo el proceso.
No obstante, Casación dispuso en su fallo, al que Télam tuvo acceso, que el TOC 5 adecúe una nueva pena para la imputada, quien continúa en libertad, al anular el «agravante de extensión del daño causado» por el que le habían dado un año más de prisión.
«La conducta que se esperaba era que la imputada cumpliera con su obligación y deber de funcionaria policial, que tal como sostuvo el inferior poseía la responsabilidad funcional, la competencia y la jerarquía necesaria para impedir que las conductas delictivas se continuaran desarrollando (lo cual la colocaba en posición de garante), pero lo comprobado es que no desarrolló ninguna acción tendiente a evitar tormentos», determinó el juez Violini al argumentar su voto.
Según el magistrado, «el agravio planteado por la defensa resulta ser una reiteración del vertido en el debate, pero no aborda ni refuta ni una sola línea de los argumentos expresados por el a quo, lo que trasluce en que la recurrente no se hace cargo de las razones dadas por el Tribunal».
En diciembre del año pasado, los jueces Juan Martín Mata, Gustavo Farina y Federico Merlini del TOC 5 acreditaron que la oficial ayudante «omitió adoptar medidas necesarias para evitar o interrumpir la comisión de los maltratos y tormentos llevados a cabo por los funcionarios policiales», por lo que además de los cuatro años de cárcel le dieron ocho de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
