En un contexto de fuertes medidas de ajuste en el sector público, la reciente contratación de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, en el Ministerio de Defensa, ha generado polémica. Adorni recibirá un salario mensual de 2.6 millones de pesos, según la resolución firmada el 30 de enero. Esta contratación plantea cuestionamientos respecto al discurso oficial que destaca la escasez de recursos y la necesidad de austeridad.
La designación de Adorni, en medio de medidas que impactan en el ámbito militar y con incertidumbres sobre posibles privatizaciones de empresas públicas, suscita preguntas sobre la coherencia entre el mensaje gubernamental y las acciones concretas. La contratación de familiares en puestos de relevancia, en este contexto, intensifica el debate sobre la prioridad de asignación de recursos en el Gobierno.
El sueldo millonario de Adorni contrasta con la insistencia del Gobierno en la falta de fondos, planteando interrogantes sobre la equidad en las decisiones salariales y la transparencia en la gestión pública. La contratación refleja un escenario donde las medidas de ajuste coexisten con decisiones que generan controversia y alimentan el debate sobre la gestión de los recursos estatales.
