La vicepresidenta Cristina Fernández se refirió al proyecto oficial que el Senado tratará este jueves sobre la reforma judicial y afirmó que el país «se debe una verdadera reforma judicial», al advertir que el proyecto oficial no tiene ese fin sino que busca «implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994» y le pidió al sistema político «aceptar que cualquier diferencia se discute en el Congreso».
A través de un texto titulado «¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia» y publicado en sus redes sociales, la exmandataria planteó que la iniciativa que será tratada el jueves en la Cámara alta «crea nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país» y «comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera» porteña.
«A este proyecto que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado erróneamente ‘Reforma Judicial'», expresó Fernández de Kirchner y puntualizó que «haciendo honor a la precisión semántica que deben tener nuestras palabras, en el país en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales».
En tal sentido, la vicepresidenta reseñó: «la primera fue la que envié al Congreso siendo Presidenta en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios».
De esa manera, Cristina se refirió al proyecto de Democratización de la Justicia que, aprobado por el Congreso en abril de 2013, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en junio de ese año.
«La segunda -prosiguió Fernández de Kirchner- fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia. Una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios».
«A algunos de estos últimos para despojarlos de sus empresas, y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales», culminó.
