La presidenta encargada de Venezuela anunció que enviará al Parlamento un proyecto de amnistía general para presos políticos y confirmó la clausura de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del país, en medio de un proceso de liberaciones parciales y bajo fuerte presión interna y externa.
Delcy Rodríguez informó este viernes que remitirá a la Asamblea Nacional una iniciativa de amnistía general para personas detenidas por motivos políticos, una medida que también incluye el cierre definitivo de El Helicoide, histórico centro de detención señalado por organismos de derechos humanos como símbolo de represión durante los gobiernos chavistas.
El anuncio fue realizado durante un acto oficial frente al Tribunal Supremo de Justicia, donde la mandataria sostuvo que el proyecto busca “favorecer la convivencia” tras años de profunda polarización política. En ese marco, llamó a evitar la violencia y la venganza en el proceso político y aseguró que la decisión fue discutida previamente con Nicolás Maduro.
Según explicó Rodríguez, la amnistía no solo implicaría la liberación de presos políticos, sino también la eliminación de las causas penales en su contra, lo que representaría un avance jurídico mayor respecto de las excarcelaciones parciales registradas en las últimas semanas. Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, advierten que cientos de personas continúan detenidas por causas que consideran arbitrarias.
El anuncio se produce en un contexto de liberaciones dispares. Mientras el Gobierno sostiene que más de 600 personas fueron liberadas recientemente, distintas entidades independientes aseguran que el número real es menor y remarcan que muchas de las excarcelaciones están acompañadas de restricciones, como prohibiciones para salir del país o brindar declaraciones públicas.
En cuanto a El Helicoide, su clausura fue presentada como parte de una supuesta transformación institucional y social. El edificio, ubicado en Caracas, es recordado por numerosos testimonios de torturas, detenciones arbitrarias y abusos contra activistas, opositores y periodistas.
Pese a los anuncios oficiales, referentes de organizaciones de derechos humanos mantienen reservas sobre el alcance real y la implementación efectiva de las medidas, y reclaman garantías de transparencia y supervisión internacional para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano.
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