El Gobierno confirmó a los grupos empresarios que siguen en carrera y este jueves se abrirán las ofertas económicas para definir quién quedará a cargo de la empresa.
El proceso de privatización de AySA entró en su etapa decisiva luego de que el Gobierno nacional confirmara a los dos consorcios que continúan en competencia por el 90% de las acciones de la empresa que actualmente están en manos del Estado.
La definición fue oficializada este martes mediante la Resolución 1722/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa estableció que las ofertas económicas serán abiertas este jueves 8 de octubre a las 10, a través del sistema electrónico CONTRAT.AR.
Los dos grupos que avanzaron en la licitación son el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, y otro conformado por Roggio ROAS S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.
La etapa técnica había sido abierta el pasado 15 de septiembre, cuando se analizaron las propuestas presentadas por los distintos interesados. Posteriormente, la Comisión de Evaluación revisó la documentación y, al no registrarse impugnaciones contra el dictamen de preselección, confirmó a los dos grupos que siguen en carrera.
Ahora llegará el momento clave del proceso: la apertura de las ofertas económicas, que permitirá avanzar en la definición del futuro operador de la compañía.
La licitación contempla la transferencia a un único operador estratégico de la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado Nacional, equivalentes al 90% del capital social de AySA. El procedimiento se desarrolla bajo la modalidad de etapa múltiple y sin precio base.
La privatización se encuentra encuadrada en la Ley Bases, que incluyó a AySA entre las empresas estatales sujetas a privatización, junto con la Ley de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios correspondientes.
De esta manera, este jueves se conocerán las propuestas económicas de los dos consorcios habilitados, en un paso determinante para definir quién asumirá el control de la empresa encargada del servicio de agua potable y saneamiento en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires.
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