La Organización de las Naciones Unidas denunció el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y advirtió sobre presiones del Ejecutivo a jueces independientes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación” por el uso excesivo de la fuerza en protestas sociales en la Argentina y el hostigamiento a jueces por parte del Gobierno nacional.
El documento lleva la firma de nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos y apunta directamente contra la administración de Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Deseamos expresar nuestra profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”, señala el comunicado, haciendo eje en el caso de la jueza Karina Andrade, quien fue blanco de amenazas y campañas de desprestigio tras ordenar la liberación de 114 personas detenidas durante una manifestación el 12 de marzo de 2025.
De acuerdo con la denuncia internacional, las detenciones se realizaron sin notificación al tribunal, sin precisar hora, lugar ni motivo, lo que vulnera garantías legales básicas. “
El derecho a la protesta, especialmente cuando se ejerce en defensa de grupos vulnerables, es un derecho protegido constitucional y convencionalmente”, resalta el texto.
Además, los expertos de la ONU subrayan que las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos, lo cual está prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina.
El pronunciamiento de la ONU llega luego de varios episodios de represión violenta en manifestaciones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras provincias, y se suma a los cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales sobre el deterioro de las libertades civiles en el país.
En septiembre de 2024, el propio Milei ya había embestido contra el organismo internacional, al que calificó como un “leviatán de múltiples tentáculos” que promueve una “agenda ideológica” como la Agenda 2030, en referencia a los objetivos de desarrollo sostenible.
La ONU pidió explicaciones formales al Gobierno nacional, que hasta el momento no emitió respuesta oficial. El documento deja en claro que Argentina podría estar incumpliendo compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
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