En el marco del Consejo de Seguridad Pública que se realizó en General Madariaga, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, tuvo duras declaraciones contra el Poder Judicial. «Necesitamos que la justicia acompañe la lucha que damos contra el delito si no el trabajo policial pierde sentido», disparó.
La afirmación fue luego de que voceros de la cartera cruzaran al Departamento Judicial Lomas de Zamora por el deceso de seis presos -ya suman siete, en las últimas horas falleció otro- en una comisaría de Esteban Echeverría.
En definitiva, las afirmaciones sostenían que: «los jueces y fiscales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, pese a los reiterados requerimientos de las autoridades policiales, son quienes remiten los presos a las comisarías clausuradas por ellos mismos».
Por ello, mediante un comunicado oficial el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires sentenció que dichas afirmaciones «son mendaces, irresponsables e inaceptables. Quien dispone los lugares de detención es el Poder Ejecutivo de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad».
«La vocación de eludir la responsabilidad y las consecuencias de incumplir una orden judicial destinada precisamente a evitar situaciones trágicas como las vividas recientemente en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría es correlativa con la de responsabilizar a los magistrados por la existencia de un ´garantismo´ que crearía una ´puerta giratoria´ mediante la cual los delincuentes quedan en libertad. Es momento de esclarecer a la opinión pública y de hablar con claridad», agregan.
De esa manera, resaltaron que «el Poder Ejecutivo es el principal responsable de la seguridad ciudadana».
«Los lugares de detención, que pertenecen a su órbita funcional, no alcanzan y son inadecuados. Cuando esas fuentes reclaman más personas detenidas ocultan que no tienen dónde alojarlos y que por eso deciden ignorar, de manera irresponsable y con las consecuencias a la vista, las órdenes de clausura de calabozos emitidas por los jueces», agregaron.
Por último, indicaron que «el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace un llamamiento público a las autoridades responsables a resolver sin dilaciones el problema del hacinamiento de los detenidos y a acatar las decisiones judiciales para prevenir situaciones similares».
