El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que las leyes aprobadas por el Congreso, que serán vetadas por el presidente Javier Milei, implicarían un incremento del gasto público equivalente al 1,5% del PBI. Así lo indica el staff report de la primera revisión del acuerdo con Argentina, donde se califican estas medidas como “costosas iniciativas” adoptadas en un contexto de “presión electoral”.
El informe del FMI detalló que las normativas cuestionadas —entre ellas, el aumento del 7,2% para las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad— ponen en jaque el objetivo fiscal del Gobierno, que busca alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025.
“El Congreso aprobó iniciativas de gasto para pensiones, discapacidad y transferencias a provincias por un 1,5% del PBI”, advirtió el organismo multilateral.
Pese a estos desvíos, el FMI aprobó un desembolso de US$2.000 millones para la Argentina, aunque reconoció que no se cumplió la meta de reservas acordada. El Gobierno de Milei, por su parte, analiza diversas estrategias para frenar el impacto de estas leyes: desde buscar apoyos clave entre gobernadores hasta judicializar la eventual anulación del veto presidencial.
Medidas bajo presión y reformas en camino
La administración libertaria también propuso un ajuste acotado en las partidas por discapacidad, en un intento por sumar respaldo político y reducir la tensión con sectores críticos. Sin embargo, desde el Fondo aclararon que la resolución de este conflicto legislativo podría extenderse más allá de octubre.
En paralelo, el FMI valoró el compromiso asumido por Milei de presentar una reforma previsional antes de diciembre de 2026, con el objetivo de “armonizar contribuciones y prestaciones” y fomentar la formalización del empleo. Esta promesa forma parte del paquete de medidas estructurales que el Gobierno presentó como hoja de ruta para estabilizar la economía.
El debate en torno a estas leyes se convirtió en un nuevo foco de conflicto político y fiscal, justo en medio del proceso electoral que definirá la composición del Congreso. La disputa, además de sus implicancias económicas, podría tener consecuencias duraderas en la estrategia del Gobierno ante organismos internacionales.
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