El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para la contratación de obra pública, con el objetivo de flexibilizar requisitos y abrir la competencia a empresas que antes quedaban excluidas por barreras normativas.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), que establece nuevos criterios de calificación para adjudicar obras. La reforma forma parte del Decreto 206/25 y avanza hacia la implementación del Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), que obligará a inscribirse a quienes busquen participar en licitaciones públicas.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró el cambio y apuntó contra el viejo sistema: “Durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley. Limitaba la entrada al club y repartía el negocio entre pocos”.
Con el nuevo marco, ya no será obligatorio contar con antecedentes en obra pública local para competir. Las empresas podrán calificar a partir de su patrimonio o mediante garantías, y también se reconocerán experiencias en obras privadas o en el exterior. “Se terminan las barreras de entrada y el sistema de capacidad constructiva”, remarcó Sturzenegger.
Hasta ahora, las firmas debían presentar documentación de hasta diez años de antigüedad, lo que implicaba una burocracia compleja y la evaluación de parámetros como la Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial y la Capacidad Económico Financiera de Ejecución Referencial.
Con la nueva reglamentación, se eliminan los compromisos de obras asumidos como criterio de evaluación y se deja sin efecto la “capacidad de contratación” que, según el Gobierno, operaba como un mecanismo de exclusión y concentración.
La ONC aclaró que el proceso de cambio será progresivo y que ya comenzaron los ajustes en los sistemas de calificación, con vistas a una implementación plena del SICO. Mientras tanto, se mantiene abierta la inscripción a través del nuevo sistema para empresas locales y extranjeras.
Según el oficialismo, esta reforma apunta a “romper con la patria contratista” y generar mayor competencia y transparencia en la obra pública.
