El Gobierno nacional ha declarado la emergencia ferroviaria en todo el país por un período de dos años. Esta medida, que abarca la administración, mantenimiento y operación de los servicios ferroviarios, fue oficializada a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete.
La decisión se da en el marco de una profunda reestructuración del sistema ferroviario, que incluye su inclusión en el paquete de privatizaciones aprobado por el Congreso en la Ley de Bases. Como parte de esta reestructuración, el Gobierno ha asignado una partida de 1,3 billones de pesos para asegurar el funcionamiento del sistema durante el período de emergencia.
Según el decreto, la emergencia ferroviaria busca «garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios ferroviarios, promoviendo la inversión privada y optimizando los recursos del Estado». No obstante, la medida ha generado fuertes críticas y preocupaciones en distintos sectores políticos y sociales.
Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda han alertado sobre el posible desguace del sistema ferroviario, argumentando que la privatización podría llevar al deterioro de la infraestructura y a la pérdida de miles de puestos de trabajo. «La historia nos ha enseñado que las privatizaciones no siempre benefician al pueblo. Tememos que esta medida profundice la crisis del transporte público y aumente la desigualdad», expresó un vocero de Unión por la Patria.
Por su parte, el Gobierno defiende la medida asegurando que la participación del sector privado permitirá modernizar y ampliar la red ferroviaria, mejorando así el servicio para los usuarios y contribuyendo al desarrollo económico del país. «Estamos comprometidos con la mejora del sistema ferroviario y creemos firmemente que esta es la mejor manera de avanzar», declaró el ministro de Transporte.
El anuncio de la emergencia ferroviaria y la asignación presupuestaria forman parte de un plan más amplio del Gobierno para atraer inversiones y reactivar sectores clave de la economía. Sin embargo, el debate sobre el futuro del sistema ferroviario argentino promete continuar, con voces a favor y en contra que seguirán marcando la agenda pública en los próximos meses.
