El Gobierno deja afuera a gobernadores peronistas cercanos a Cristina Kirchner del Congreso

En una semana clave en el Parlamento, el oficialismo concentra las negociaciones en aliados “dialoguistas” y margina a mandatarios del PJ alineados con el kirchnerismo. El Presupuesto 2026 será la primera prueba de fuego.

El gobierno de Javier Milei arranca una semana decisiva en el Congreso, que funcionará como un verdadero termómetro del poder político real construido tras la victoria electoral del 26 de octubre. En ese escenario, el oficialismo resolvió dejar fuera de la mesa de negociaciones a los gobernadores peronistas más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, y enfocar todos sus esfuerzos en los aliados y sectores dialoguistas, incluso dentro del propio PJ.

La estrategia se inscribe en el nuevo reordenamiento interno del Poder Ejecutivo, hoy claramente conducido por Karina Milei y el sector de los Menem, que avanzó en un rediseño de roles tras el resultado electoral. Ese esquema dejó en evidencia el corrimiento de Santiago Caputo, debilitado luego de una etapa marcada por la confrontación permanente con las provincias, y abrió un intento de recomposición política con los gobernadores, aunque de manera selectiva.

Santilli y Adorni, los armadores del nuevo esquema

En este nuevo mapa, el ministro del Interior, Diego Santilli, asumió un rol central en el diálogo territorial con los mandatarios provinciales, pero con un objetivo concreto y limitado: garantizar los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026. La consigna es clara: negociar solo con quienes estén dispuestos a acompañar al Gobierno.

La relación directa con el Congreso, en tanto, quedó fragmentada. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dispuso que Ignacio Devitt sea el encargado de aceitar las negociaciones legislativas estratégicas, ocupando el lugar que dejó Oscar Moscariello, cuya gestión fue cuestionada incluso dentro del propio oficialismo por la falta de resultados visibles.

El Presupuesto, la primera prueba de poder

El primer gran desafío llegará este lunes a las 17, cuando quede formalmente constituida la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados. Con José Luis Espert fuera de escena tras pedir licencia, el protagonismo recaerá en Alberto Benegas Lynch, respaldado por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.

La estrategia de La Libertad Avanza apunta a un trámite exprés: llevar el proyecto al recinto entre miércoles y jueves, darle media sanción y girarlo rápidamente al Senado. En el oficialismo confían en que el nuevo escenario político, más favorable tras la elección, les permitirá aprobar finalmente una ley de gastos y recursos, algo que Milei no logró en sus primeros dos años de gestión.

Reforma laboral: el frente más áspero

Muy distinto es el panorama en el Senado, donde la reforma laboral aparece como el capítulo más conflictivo. La encargada de delinear la estrategia es Patricia Bullrich, que desembarcó en la Cámara alta con la intención de conducir de hecho al bloque libertario, una postura que generó resistencias incluso dentro de su propia bancada.

Bullrich enfrenta múltiples obstáculos: tiempos legislativos ajustados, la demora del Ejecutivo en enviar el proyecto definitivo y la resistencia de sectores opositores que buscan dilatar el debate mediante una extensa lista de expositores en comisión. El esquema oficial prevé iniciar el tratamiento el miércoles, emitir dictamen rápidamente y llevar la iniciativa al recinto entre Navidad y Año Nuevo.

El desafío no es menor: deberá lograr que el Senado funcione en pleno período festivo y bloquear maniobras dilatorias habituales en la dinámica parlamentaria. Este martes, además, habrá una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya figura aparece cada vez más desdibujada en la interna oficialista, pero que será clave para ordenar la discusión.

La semana que comienza no solo definirá el destino del Presupuesto 2026 y de la reforma laboral, sino que también dejará al descubierto hasta dónde llega la capacidad política real del Gobierno para transformar un triunfo electoral en poder efectivo dentro del Congreso.