El presidente Javier Milei ha dado un nuevo golpe al proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina. A través de un decreto, el gobierno ha avanzado en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), la cual ha sido fundamental en la búsqueda de los niños y niñas robados durante la dictadura militar. Con esta medida, la Conadi ya no podrá llevar a cabo investigaciones ni acceder a los archivos del Estado, debilitando así el trabajo que las Abuelas de Plaza de Mayo han realizado durante 47 años para encontrar a sus nietos.
La Conadi: Un Pilar en la Defensa de la Identidad
Creada en 1992 para cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Conadi fue ratificada por ley en 2001. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2004, se fortaleció su capacidad de acción mediante el decreto 715, que le permitió acceder a los archivos estatales para encontrar a los bebés apropiados durante la dictadura. Este organismo ha jugado un rol crucial en recibir denuncias, investigar casos de apropiación y ayudar a personas que dudan de su origen biológico.
Sin embargo, desde hace meses, el gobierno de Milei ha estado gestando una ofensiva contra la Conadi. El Ministerio de Defensa fue el primero en dejar de enviar documentación al organismo, y en mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descalificó públicamente su labor, calificándola de «militante». En junio, Florencia Zicavo, del Ministerio de Justicia, redactó un decreto que quitó a la Conadi las facultades de investigar y acceder a los archivos estatales, decisión que culminó esta semana con la derogación del decreto 715/2004.
El Futuro de la Búsqueda de la Verdad en Peligro
La derogación del decreto 715 no solo cierra la unidad especial de investigación dentro de la Conadi, sino que también deja en incertidumbre el futuro de las investigaciones en curso. El nuevo decreto 727/2024 justifica el cierre afirmando que el Poder Ejecutivo no debería llevar adelante investigaciones, una tarea que, según el texto, corresponde al Ministerio Público Fiscal.
Este movimiento ha sido denunciado por las Abuelas de Plaza de Mayo, que han advertido sobre la maniobra en marcha y han solicitado medidas judiciales para proteger el acervo documental de la Conadi. En respuesta, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar para evitar que el gobierno ponga en riesgo los documentos y resultados producidos por la Conadi a lo largo de décadas.
El contexto de esta decisión no es aislado. En el mismo día en que se conoció la resolución del juez Kreplak, un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) visitó a genocidas presos en el penal de Ezeiza, una acción que se enmarca en los esfuerzos de un sector del oficialismo por liberar a represores y socavar las causas judiciales por secuestros y desapariciones ocurridos durante el terrorismo de Estado.
