Provincias y municipios aumentaron sus aportes para evitar el deterioro del servicio ante la suba de costos y la eliminación del Fondo Compensador. En varias ciudades ya reducen frecuencias y limitan recorridos.
Las provincias y municipios del interior del país profundizaron el financiamiento del transporte público urbano con recursos propios luego de la eliminación de los subsidios nacionales y en medio de un fuerte aumento de los costos operativos del sector.
Un relevamiento realizado en distintas jurisdicciones del país advierte que la discusión por el sostenimiento del sistema volvió a instalarse tras la eliminación, en enero de 2024, del Fondo Compensador del Transporte para el interior. Desde entonces, gobiernos provinciales y municipales debieron reorganizar sus esquemas presupuestarios para evitar un deterioro mayor del servicio.
Entre los casos relevados, Mendoza destina actualmente el 5,21% de su presupuesto provincial al sistema Mendotran, mientras que Neuquén Capital supera el 10% y Córdoba Capital ronda el 6,9%. En Paraná, el presupuesto previsto para transporte durante 2026 representa el 5,17% del total municipal.
El informe también expone el fuerte impacto que tuvieron los aumentos de combustibles y salarios sobre la estructura de costos del transporte urbano. Según los datos analizados, los salarios ya representan el 48% de los costos del sistema, con actualizaciones constantes, mientras que el combustible alcanzó valores récord durante marzo de 2026.
En ese contexto, distintas empresas prestatarias comenzaron a reducir frecuencias, limitar servicios nocturnos y advertir sobre dificultades para sostener recorridos sin asistencia estatal. El documento describe este escenario como una “crisis estructural”, agravada por la caída de pasajeros registrada tras la pandemia y el retiro de subsidios nacionales.
El relevamiento también marca un fuerte descenso en la cantidad de usuarios transportados. Uno de los sistemas urbanos analizados pasó de registrar 2,6 millones de boletos mensuales en 2019 a apenas 700 mil a mediados de 2025, lo que representa una caída del 73%. Sin embargo, desde diciembre último comenzó a observarse una leve recuperación vinculada a la reorganización operativa y la renovación de servicios.
Frente a este panorama, varias jurisdicciones avanzaron además con cambios en los mecanismos de subsidios para mejorar la eficiencia del sistema. Entre las medidas adoptadas figura el reemplazo del financiamiento basado en kilómetros recorridos por esquemas vinculados a la cantidad de pasajeros efectivamente transportados.
El informe también destaca la incorporación de herramientas digitales de seguimiento y pago, junto con medidas de accesibilidad, con el objetivo de recuperar usuarios y mejorar la calidad del servicio.
El documento concluye que el respaldo económico de provincias y municipios se transformó en una herramienta clave para evitar el colapso del transporte público urbano en gran parte del interior argentino.
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