El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dictó nuevas medidas cautelares en la causa que se investiga el lavado de activos e intermediación financiera no autorizada en el barrio privado Hudson Park.
La decisión amplía restricciones existentes y prohíbe la salida del país a varios de los investigados; asimismo, se dispone la prohibición de contratar un nuevo administrador sin autorización judicial.
La investigación se centra en presuntas maniobras de lavado de activos por parte de la Sociedad Fiduciaria Hudson Park SA, Diseñarq SA, Real Estate Investiments Fiduciaria SA, Matías Molinari, Carlos Molinari, Diego Molinari, Marcelo Suárez, María Florencia Mari, José Omar Fassi Lavalle, Michel Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini (Liz Fassi Lavalle), María Lucrecia Silva, Valentín Darío Silvero Cuenca, Diego Hernán Novo, Darío Miguel, Luis Ach, Marcelo Curti, Adriana Nilda Bonetto, Andrea Perdomo, Juan Esteban Villar, Rolencmo SA, American Building Project SA, Suárez Global, Facility Managers SA y Administración Capra, entre otros.
Según la causa judicial, estas entidades y/o personas conformarían una organización dedicada a incorporar al sistema financiero fondos obtenidos de maniobras presuntamente defraudatorias, calificadas inicialmente como asociación ilícita, estafas reiteradas y desbaratamiento de derechos acordados.
El fallo de Armella destaca que las conclusiones de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que, tras analizar la documentación secuestrada en allanamientos vinculados a la administración de Hudson Park y, en particular, a la firma «Capra & Asociados», detectó múltiples irregularidades.
Además, se constató que «Capra & Asociados» ejercía un rol central en la administración de los fondos del fideicomiso, manejando liquidaciones de expensas, cobros, pagos a proveedores y personal.
El interventor designado del fideicomiso, Juan Carlos Sanguinetti, corroboró estas irregularidades, mencionando que personal de la Administración Capra retiró grandes sumas de dinero en efectivo sin dejar constancia de lo actuado.
La investigación judicial también reveló una compleja estructura societaria vinculada al fideicomiso Hudson Park, con interrelaciones funcionales y patrimoniales entre Real Estate Investment Fiduciaria SA, Rolencmo SA, American Building Projects SA, entre otras.
American Building Projects SA y Rolencmo SA serían beneficiarias del fideicomiso, percibiendo beneficios económicos, mientras que Real Estate Investment Fiduciaria SA (REI) habría actuado como administradora, gestionando y disponiendo de los fondos.
El fideicomiso inmobiliario habría sido utilizado para canalizar fondos de diversas fuentes, incorporándolos al circuito económico formal a través de operaciones inmobiliarias, comerciales y financieras, lo que es compatible con el delito de lavado de activos.
Se identificaron conexiones entre los involucrados y otras estructuras societarias como Janos, Petrokar SA y Tierra de Motores, reforzando la hipótesis de un entramado organizado para la colocación y circulación de activos de origen presuntamente ilícito.
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