Raúl Guglielminetti, integrante del Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura argentina, ha acumulado varias sentencias en su contra por crímenes de lesa humanidad. A sus 83 años, está alojado en la Unidad 31 de Ezeiza y busca obtener la prisión domiciliaria. Detectó una oportunidad para ello cuando, el 11 de julio, una comitiva de seis diputados visitó el penal. Guglielminetti entregó un sobre con «ideas para la prisión domiciliaria» al diputado Beltrán Benedit, quien organizó la reunión. La diputada Rocío Bonacci observó uno de los papeles.
Una foto reciente muestra a los diputados sonriendo junto a genocidas condenados. Entre los diputados presentes se encontraban Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra Ugalde, quien fue especialmente amable con Antonio Pernías, un represor de la ESMA. Alfredo Astiz, uno de los rostros más conocidos del genocidio, también aparece en la foto, junto a otros represores.
La única diputada que no posó fue Bonacci. Arrieta, nacida en 1993, se disculpó diciendo que no conocía a Astiz. La visita de los diputados ha generado controversia, especialmente por el contexto político y las acciones del gobierno para aliviar la situación de los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Desde que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel, ha habido movimientos para facilitar la prisión domiciliaria de los genocidas, como un pedido de abogados a la Cámara Federal de Casación para establecer una posición sobre el arresto para mayores de 70 años. Este pedido fue rechazado antes del 24 de marzo.
Además, el Ministerio de Defensa ha estado involucrado en discusiones sobre la domiciliaria. Ministros como Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona han abogado por la domiciliaria para los represores, argumentando criterios de humanidad y dignidad. Bullrich, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, ha sido criticada por las irregularidades en el ingreso de los diputados al penal de Ezeiza.
El fiscal Félix Crous, que interviene en la causa ESMA, y otros defensores de derechos humanos han criticado la política oficial de amparo a los represores. Los fiscales Miguel Palazzani y Pablo Llonto también han rechazado las afirmaciones de los ministros y han enfatizado que la decisión sobre las prisiones domiciliarias corresponde al Poder Judicial, no al Ejecutivo.
