En un giro sorprendente, familiares de represores condenados por crímenes de lesa humanidad han expresado públicamente su descontento con el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), exigiendo que cumplan con las promesas de liberación que, según afirman, se les hicieron durante la campaña electoral. La carta abierta, publicada en el diario La Nación, lleva las firmas de esposas, hermanas y madres de los condenados, y revela la existencia de compromisos entre LLA y estas familias.
Entre las firmantes se encuentran Cecilia Pando, reconocida por su apoyo a la candidatura de Patricia Bullrich; Ana Magi, esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en Córdoba; María Inés Lamolla, esposa de Carlos Esteban Pla, condenado a perpetua en San Luis; y Marta Ravasi, psicóloga y esposa de Jorge Olivera, quien estuvo acusado de facilitar la fuga de su esposo del Hospital Militar.
El reclamo se centra en el incumplimiento de las promesas de liberación y destaca la situación de los represores como «víctimas del terrorismo judicial de hoy». La carta cierra con una pregunta que apunta directamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de una familia militar, cuestionando si ya no corre por sus venas «una sola gota de sangre».
Este inesperado reclamo aumenta la presión en el seno de LLA y agrega tensiones a la gestión del gobierno en materia de derechos humanos. Cabe mencionar que, durante la campaña, hubo expresiones de respaldo hacia los represores por parte de dirigentes de LLA, y la Unión de Promociones (UP) solicitó una «solución definitiva» para los presos de lesa humanidad, utilizando al diputado de LLA, Facundo Correa Llano, como intermediario.
Hasta el momento, la única respuesta concreta proviene del ámbito judicial, con un pedido para discutir la prisión domiciliaria de mayores de 70 años, presentado por los defensores de Diego Chemes, represor del Vesubio. La tensión generada por esta situación pone a prueba la relación entre el gobierno de LLA y los sectores vinculados a los represores, revelando fisuras internas y desafíos para la administración.
