A dos meses de la sanción de la ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los gobiernos nacional y provinciales se encargan de adquirir y distribuir en centros de salud de todo el país el misoprostol, el producto que permite realizar un aborto farmacológico y que debe ser suministrado por las obras sociales en forma gratuita a las mujeres que lo requieran con la correspondiente receta médica.
La norma 26.710 también prevé la cobertura integral y gratuita de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, garantizando el trato digno, la confidencialidad, el derecho a la información y calidad en la atención, por lo cual las autoridades recordaron que quienes no logren acceder a este servicio pueden presentar sus quejas y reclamos en la página oficial de https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/hacer-un-reclamo/practicas-de-salud/ive
En Buenos Aires, la directora provincial de Equidad de Género y Salud, Sabrina Balaña, explicó que el Ministerio de Salud bonaerense realiza compras del medicamento que es distribuido «a todos los efectores de salud, tanto provinciales como municipales, hospitales, centros de atención primaria -como también a las regiones sanitarias- encargados de su distribución».
Balaña recordó que la ley plantea que la seguridad social y las prepagas del sector privado «deben brindar cobertura», aunque por tratarse de un medicamento que no es de venta libre, «debe contar con receta médica, y con cobertura al 100% como lo plantea la ley».
