El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, dispuso la intervención de la comisaría tercera de Quilmes a raíz de una denuncia que involucra también a una representante del ministerio público fiscal. Anoche hubo nuevos allanamientos en el distrito, en Berazategui y en Florencio Varela.
Además, los policías detenidos fueron indagados por el fiscal Martín Conde en sede judicial. El organismo de control policial dispuso la desafectación de al menos 5 policías e informó de las irregularidades formuladas en la denuncia contra una fiscal a la Procuraduría General de la Provincia.
La denuncia formulada por un grupo de vecinos señala que fueron coaccionados por agentes de la comisaría, en presencia de una fiscal, a entregarles una importante suma de dinero, a cambio de no pasar la carátula por el de «trata de personas».
En la acusación, afirman haber sido además golpeados y amenazados por estos policías mientras la fiscal observaba.
De las averiguaciones de Asuntos Internos, que depende directamente del ministro Ritondo, se desprende que este accionar se repitió en al menos 5 allanamientos que fueron denunciados por otras víctimas ante la Auditoría, con los mismos uniformados involucrados y en los 5 casos estuvo la misma fiscal a cargo de la instrucción, razón por la cual se comunicó por nota esta irregularidad a la Procuración para su investigación.
Los policías que fueron desafectados en sus funciones son: Jefe de calle oficial principal Hugo Enrique Coll; oficial de Policía Diego Damián Appella; oficial de Policía Víctor Emilio Tevez; oficial de Policía Jonatan Eduardo Ocampo y teniente Claudio Ramón Lugones.
Esta misma fiscal ya había sido denunciada ante la Procuraduría por el propio ministro Cristian Ritondo, cuando en octubre del año pasado impidió que la Comisión de Prevención y Represión contra el Juego de Azar Ilegal, que depende de ese Ministerio, clausurara un local donde se realizaban apuestas clandestinas.
El Organismo le había indicado a la fiscal, en esa zona, al menos 11 puntos donde se recepcionaba quiniela clandestina sin que ninguno de ellos fuera incorporado a los allanamientos dispuestos por la fiscal.
