La Justicia investiga un presunto caso de reducción a la servidumbre y trabajo infantil que habría afectado al menos a 13 chicos y chicas menores de 18 años en un hogar ubicado en Florencio Varela. La causa está a cargo de la Fiscalía N.º 8 de Berazategui, encabezada por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo, con la secretaría de actuaciones del Ángel Gabriel López.
De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, dos mujeres habrían sometido durante un período prolongado a los menores a tareas y condiciones de vida incompatibles con su edad, su salud y su desarrollo.
Tareas forzadas y condiciones precarias
Según la investigación judicial, los chicos eran obligados a realizar trabajos físicos pesados, entre ellos preparar cemento, trasladar maderas y piedras, hacer tareas de albañilería y cortar cañas con machetes para construir cercos.
También debían juntar en carretillas las heces y desperdicios de 31 perros y dos caballos, cortar el pasto, armar bultos pesados y alimentar animales. A estas tareas se sumaban actividades domésticas como la limpieza de las casas, el mobiliario y el cuidado general del predio.
Las tareas se extendían durante largas jornadas, en algunos casos hasta la medianoche, incluso bajo lluvia o a la intemperie. Además, según consta en el expediente, los menores eran privados de alimentos, expulsados al exterior en noches de frío si se resistían a cumplir las órdenes y se les prohibía mantener contacto con vecinos o personas ajenas al lugar.
La causa también menciona episodios de violencia física, con golpes e incluso agresiones con objetos contundentes cuando los chicos se negaban a trabajar.
Durante las inspecciones se detectaron condiciones de hacinamiento, suciedad y alimentación deficiente. En algunos casos, los menores dormían en el mismo espacio que animales. Además, se constató que muchos debían seguir trabajando incluso estando enfermos, sin recibir atención médica y con graves irregularidades en la asistencia escolar.
Sospechas de encubrimiento
La investigación también apunta a un presunto encubrimiento agravado. Según una resolución judicial, dos funcionarias públicas de organismos de Niñez de la zona oeste del conurbano habrían ayudado a ocultar o alterar pruebas antes de un allanamiento.
De acuerdo con el expediente, habrían utilizado información reservada sobre medidas investigativas para advertir a las principales imputadas y permitir que el lugar fuera acondicionado antes del procedimiento, con el objetivo de ocultar las condiciones reales en las que vivían los menores.
También se les atribuye no haber denunciado oportunamente hechos que ya conocían en el ejercicio de sus funciones.
Allanamientos y secuestro de dispositivos
La causa avanzó con varios allanamientos en el lugar donde se habría desarrollado la explotación, así como en domicilios vinculados a funcionarios investigados y en sus oficinas.
Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares de distintas marcas —entre ellos equipos Samsung y Apple—, un disco rígido Seagate de 160 GB y documentación relevante para la investigación, incluyendo legajos y registros vinculados a los menores.
Los procedimientos fueron realizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través del operativo de Cibercrimen contra las infancias y delitos conexos a la trata de personas con sede en Berazategui, bajo la coordinación del subcomisario Matías Giménez, con apoyo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación continúa abierta para determinar el alcance total de los hechos y establecer todas las responsabilidades penales involucradas.
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